Si antes, tuvo que tener una contención con visitar a su hija, ahora que están los nuevos
Reyes Felipe y Letizia,
Doña Sofía ha querido ejercer de madre más que nunca para estar no solo
con sus hijas, sino también con sus nietos y ha puesto rumbo a Ginebra.
Desde que saliera a la luz el Caso Nóos, la mujer de
Don Juan Carlos ha intentado estar con su hija, aunque no todo lo que
quisiera. El primer viaje que realizó fue a Washington mientras se
estaba investigando a su yerno
Iñaki Urdangarín, para celebrar el cumpleaños de su nieto Pablo Nicolás. Una actitud que muchos juzgaron como errónea.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro,
pondrá fin a la instrucción del caso Nóos este miércoles, cuando
dictará el conocido como auto de transformación a procedimiento
abreviado, en el que decidirá si mantiene la imputación de la Infanta
Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales así
como de la treintena de encausados restantes como primer paso para que
puedan sentarse en el banquillo de los acusados.
Tras cuatro años de investigaciones, el juez determinará contra
quiénes de los inculpados, entre ellos los Duques de Palma, hay base
suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el
banquillo.
Con esta resolución -contra la que cabe interponer recurso-, Castro
dará asimismo paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de
acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma,
Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales
del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de
calificación provisional en el que determinarán definitivamente a
quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la
apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto
que ya no será recurrible.
En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar
entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de
un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a
la administración y tres delitos fiscales. La pena concreta dependerá de
si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis
millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones
públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su
parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será
atribuido un solo delito fiscal.
Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la
Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados,
responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente
defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos
son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del
entramado Nóos.
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