Estos dos delitos comportan penas de hasta 11 años de cárcel: 6 el de blanqueo de capitales y 5 del cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. El juez entiende que
Cristina de Borbón facilitó los delitos fiscales de su marido al permitir que tributase vía la empresa familiar Aizoon, y no a través de su IRPF, las ganancias obtenidas de diversas entidades privadas. Lo más probable es que el auto judicial se conozca esta semana, previsiblemente el miércoles.
El hermetismo del
juez Castro sobre su decisión es total pero, según EL MUNDO, la Fiscalía está convencida de que acabará imputando a la Infanta, por lo que ya prepara un recurso porque sigue entendiendo que Doña Cristina es inocente. La resolución judicial podría tener que retrasarse de nuevo si, como se comenta en ámbitos jurídicos,
Iñaki Urdangarin pide declarar para inculparse y exonerar a su mujer.
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO aseguran que la defensa del duque de Palma ha planteado verbalmente a la Fiscalía Anticorrupción la posibilidad de que su cliente devuelva la cantidad defraudada por él y que todavía no está prescrita. En total, serían 337.000 euros que dejó de tributar durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008. A cambio, Urdangarin pide que los delitos que se le imputan sean atribuidos a las empresas que le pagaron a cambio de servicios inexistentes, como fue el caso de Altadis, Aceros Bergara, Pernord Ricard o el Grupo Lagardère. La contestación de la Fiscalía ha consistido en que si el marido de la Infanta está dispuesto a devolver el dinero no tributado está en su perfecto derecho, pero que ese gesto no llevará implícita la retirada de los delitos que se le imputan.
El juez Castro dictará en los próximos días el auto de transformación de las diligencias del caso Nóos en procedimiento abreviado, una resolución en la que detallará los hechos que considera delictivos e identificará a los supuestos responsables. Según señala LA RAZÓN, la principal incógnita reside en conocer si el juez mantendrá como imputada a la Infanta Cristina en contra del criterio de la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria.
Por otra parte, ABC desvela hoy los resultados de un análisis sobre las imágenes de la declaración judicial de la
Infanta Cristina realizado por dos expertos en Seguridad de la Información y doctores en Informática de la Universidad de Málaga, que aseguran que la grabación no fue realizada por el abogado
Francisco Carvajal, sino por una funcionaria que estaba presente en la sala.
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