El PP pide una Estrategia Nacional para impulsar la demanda y uso del vehículo eléctrico

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para pedir al Gobierno una Estrategia Nacional de impulso de la demanda y el uso del vehículo eléctrico, que incluya medidas para facilitar el despliegue de las infraestructuras de recarga y que contemple, por ejemplo, permitir a este tipo de automóviles circular por carriles de alta ocupación o por zonas especiales de las ciudades.
   La iniciativa de los 'populares', que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, aboga por basar la Estrategia en las recomendaciones que hace la Comisión Europea (CE) sobre este particular y en el "conocimiento extraído de experiencias anteriores".
   Para ello, es necesario adaptar la legislación, promover la instalación de puntos de recarga, fomentar la compra de vehículos eléctricos, reestructurar los impuestos de circulación para los mismos, facilitar su circulación y estacionamiento en las ciudades y fomentar la movilidad eléctrica "respetando la neutralidad tecnológica".
   Asimismo, el PP cree que haría falta desarrollar ofertas formativas específicas en este ámbito para dar respuesta a las nuevas necesidades de mano de obra cualificada que se plantearán tanto en el mundo de la I+D+i como en el del mantenimiento y reparación.
CON EL ACUERDO DE LOS AGENTES IMPLICADOS.
   Por eso, propone al Gobierno que acuerde una Estrategia Nacional del vehículo eléctrico con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los demás agentes implicados en el sector, con los que debería "estudiar las actuaciones necesarias para seguir desarrollando programas que fomenten e incentiven la demanda, el uso y la compra de vehículos eléctricos".
   En concreto, plantea que los organismos con competencias en investigación, desarrollo e innovación creen programas especiales en los que haya líneas de investigación relacionadas con el vehículo eléctrico, así como que se impulse el desarrollo del "Internet de las cosas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) necesarias para dar soporte a las funcionalidades requeridas en esta nueva movilidad". Entre otras, medidas de consumo, facturación y pago, o soporte a otros servicios energéticos a través del desarrollo de las 'smart grids'.
   También plantea la posibilidad de modificar la normativa necesaria para que los vehículos eléctricos puedan circular por carriles de alta ocupación, por el centro de las ciudades o por zonas especiales "bajo determinadas circunstancias", al menos en las primeras fases de promoción de esta nueva movilidad. En este sentido, se propone reservar plazas de aparcamiento exclusivas en el centro de las ciudades más pobladas.
   Además, el sector público debería dar un respaldo decidido a esta tecnología la compra de este tipo de vehículos de forma "masiva" para las flotas públicas", siempre y cuando permita mantener la calidad del servicio y los costes lo aconsejen. Y también habría que revisar la fiscalidad de esta tecnología.
RED DE RECARGA.
   La iniciativa del PP hace especial hincapié en la necesidad de "impulsar y liderar" el desarrollo de las infraestructuras de carga de los vehículos eléctricos, tanto de tipo lento, para aprovechar las horas valle en los lugares (hogares, centros de trabajo) donde el vehículo pasa muchas horas parado; como de tipo estandarizado, equiparable a la recarga de cualquier otro combustible.
   Para eso, los 'populares' creen que hace falta "promulgar legislación ad hoc, tanto en entornos privados como públicos, estableciendo las medidas necesarias para su correcta gestión energética" y contar con la colaboración de fabricantes y comercializadores de vehículos eléctricos.
   Así, plantean que se estudien y analicen las necesidades existentes y se participe en los desarrollos normativos de estandarización y normalización de los elementos técnicos, de modo que se eviten incompatibilidades entre tecnologías de diferentes productores.
   Además, el PP aboga por "eliminar las barreras que actualmente plantea la figura del 'gestor de carga' para el despliegue de las infraestructuras de recarga en centros comerciales, empresas y/o espacios públicos" de modo que, sin ser el objeto principal de su negocio, sí sea "un servicio más que el propietario del espacio presta", y no una mera "reventa de energía".
   De este modo, las administraciones públicas habrían de facilitar la instalación de puntos de recarga en espacios públicos como aparcamientos, mientras que desde el sector privado deberían ser prioritarias las empresas con muchos trabajadores o los centros comerciales, sin olvidar las viviendas particulares.
POR DETRÁS DE LAS EXPECTATIVAS.
   Finalmente, la iniciativa del PP recuerda que el anterior Gobierno socialista se comprometió a que en 2014 existieran en España 62.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en domicilios particulares, 263.000 en aparcamientos de flotas, 12.150 en aparcamientos públicos y 6.200 en vías públicas.
   Además, aseguró que a partir de 2011 habría un punto de recarga rápida por cada 400 puntos de carga de vehículos particulares, y para el año en curso se preveía alcanzar las 160 estaciones. "Sin embargo, se constata que esta previsión, ciertamente quimérica, no se corresponde con la realidad del vehículo eléctrico en España cuando alcanzamos la fecha límite marcada en el año 2014", lamentan los 'populares'.
   Y ello a pesar de que electrificar el parque móvil español aportará "infinidad de beneficios" en diferentes órdenes: reducción de emisiones contaminantes y de la contaminación sonora, limitación de la dependencia energética exterior al consumirse menos combustibles fósiles, mayor equilibrio en el sistema eléctrico al aprovecharse más las capacidades actuales de la red, que está "claramente infrautilizada", con la consecuente bajada de precios para todos los consumidores; y mayor competitividad económica.
   "Sin embargo, una política cuyo objetivo es cambiar las costumbres de movilidad de los ciudadanos ha de tener en cuenta el aspecto social del cambio y la percepción que el ciudadano tiene de la movilidad eléctrica. Es evidente que las ventajas del vehículo eléctrico se maximizan durante su operación en entornos urbanos, tanto por su nivel de autonomía como por sus ventajas medioambientales, y por eso las entidades locales juegan un papel fundamental a la hora de eliminar barreras legales y tomar medidas", concluye el PP.