CEPYP muestra su rechazo a la 'agresiva' reforma laboral

En un comunicado de ideas, la Conferencia Estatal  de Prejubilados y pensionistas han querido dejar  claro su malestar por la Reforma que  el Gobierno pretende llevar a cabo sobre el Sistema Público de Pensiones, a la que han calificado de 'agresiva' 

Sus ideas son:

1.- Nuestro  total rechazo a desligar la subida anual de las pensiones del IPC.  Ahora se hace más necesario que nunca que las cuentas del Sistema Público de Pensiones sean transparentes en su totalidad y se acabe con la opacidad histórica de las mismas. 

2.- Defendemos que es el Estado el responsable de dotar al Sistema Público de Pensiones de los medios económicos suficientes para responder de sus compromisos, con cargo a los Presupuestos Generales (artículo 50 C. E.). 

3.- Mostramos nuestra oposición a cualquier rebaja de las cotizaciones sociales, tanto en momentos de crisis como de bonanza económica. 

4.- La intención de establecer una relación directa cotizaciones-pensiones, olvidando que las pensiones son un derecho de los trabajadores, supone un ataque frontal al sistema social que viene funcionando en nuestro país desde antes de la última transición política. 

5.- Garantizar, como dice el Gobierno, el valor nominal de las pensiones y un aumento del  0,25% anual, es una tomadura de pelo para los pensionistas que nos condena a una pérdida de poder adquisitivo permanente. 

6.- No se debe olvidar que existen más de 59.000 millones de euros en el llamado Fondo de Reserva, que deberían permitir una discusión tranquila del futuro y no lo que se nos propone por la vía de urgencia y hechos consumados.  

7.- No podemos admitir que un Estado que rescata el sistema financiero sin límite de gastos, trate de abandonar a más de 8.000.000 de ciudadanos (pensionistas), a la suerte de unos números que, en la actual situación, con  más de 6.000.000 de trabajadores en el paro y los salarios en claro declive, solo pueden dar unos resultados negativos.  

8- El futuro del Sistema Público de Pensiones es, en esencia, un problema político. Es la voluntad política de atender los derechos de los pensionistas, con la del Estado, lo que asegura su viabilidad a corto, medio y largo plazo.