Un Constitucional partido en dos, incapaz de llegar a un acuerdo sobre las recusaciones de sus magistrados

El Pleno del Tribunal Constitucional ha debatido este miércoles las recusaciones del Gobierno contra dos magistrados, Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García-Calvo, y las del PP contra otros tres, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Se esperaba una solución, la que fuera, pero los diez integrantes del Pleno –estuvieron ausentes la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez- no han sido capaces de llegar a un acuerdo en esta sesión. Al final, el presidente en funciones, Vicente Conde, ha levantado el pleno, que continuará el jueves a partir de las diez de la mañana.

Pocos datos se pueden conocer aún, salvo que las discrepancias son máximas, tanto que los diez magistrados reunidos en Pleno no son capaces de ponerse de acuerdo en casi nada. Tal es la tensión existente entre los dos bloques que se enfrentan ya abiertamente: conservadores y progresistas.

Lo que sí se sabe es que la estrategia de Rodríguez Zapata y de García-Calvo pasa porque ninguno de los recusados esté presente en el Pleno cuando se vea su propia recusación, lo cual tiene su lógica, pero complica las cosas. El Pleno ya ha decidido que se verán primero las recusaciones planteadas por el PP contra los 'progresistas' Sala, Aragón y Pérez Tremps. Los 'conservadores' Rodríguez Zapata y García-Calvo plantean que esos tres recusados deben abandonar el Pleno; pero si ocurre tal cosa, no se alcanza el quórum preciso para resolver. Por el contrario, si los recusados se mantienen en el debate sobre su propia recusación, un tercero -¿algún abogado en cuestión?- podría plantear una querella en el Tribunal Supremo contra ese o esos magistrados que no se hubieran ausentado cuando se hubiera visto su propia recusación. Un galimatías, en definitiva.

Por tanto, nadie es capaz de predecir qué ocurrirá en el Pleno del Tribunal Constitucional que volverá a reunirse este jueves en Madrid, pero todos saben que pasará algo, y que no será bueno. El Pleno, normalmente compuesto por 12 magistrados, pero que en este caso es de 10 puesto que se tienen que abstener la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, debe decidir sobre las recusaciones de otros cinco magistrados.

¿Qué es lo que se dictamina para que el Constitucional haya sido puesto en este brete? Pues nada menos que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que el Gobierno sacó adelante para, entre otras cosas, prorrogar el mandato de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez. Esta reforma, polémica, puesto que fue rechazada por el PP, llegó en un momento en el que llovía sobre mojado: en el Constitucional se agolpan multitud de recursos contra la ‘obra legislativa’ de Rodríguez Zapatero, empezando por el Estatut de Cataluña.

En ese nada cálido ambiente, el PP presentó recurso de inconstitucionalidad a la reforma de la LOTC, y, claro, solventar este recurso es la primera tarea del TC, dado que afecta a la propia Presidencia del mismo. Y ahí vienen los primeros problemas para controlar políticamente el Alto Tribunal.

Primero fue que tanto la presidenta Casas como el vicepresidente Jiménez plantearon su abstención en este recurso, ya que eran parte implicada. El Pleno, presidido entonces por el conservador Vicente Conde Martín de Hijas –la presidenta debía abstenerse, claro, y el cargo recayó en el magistrado de mayor edad- aprobó la abstención de ambos entre fortísimas polémicas y con la oposición del llamado bloque progresista.

Luego, el Gobierno, viendo perdida la causa con la nueva mayoría conservadora –antes era mayoría progresista- recusó para este caso a los magistrados conservadores Rodríguez Zapata y García-Calvo. La base para la recusación eran unas declaraciones de ambos señalando que la reforma de la LOTC era inconstitucional incluso antes de que el PP planteara recurso de inconstitucionalidad.

Aún con mayoría conservadora –insistimos en que ni Casas ni Jiménez podrán estar presentes en todo este asunto-, podría ocurrir que la recusación de esos dos conservadores saliera adelante, por lo que la mayoría pasaría sin problemas nuevamente al sector progresista.

Así las cosas, el PP promovió una recusación contra los magistrados progresistas Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps basándose en una información –sin firmar, por cierto- en el diario El Mundo, según la cual los tres citados, en una reunión celebrada el 12 de junio en el despacho de María Emilia Casas, dijeron que les parecía bien la reforma de la LOTC emprendida por el Gobierno.

Las espaldas están más que en alto, y en este contexto, ¿qué ha ocurrido este miércoles y, sobre todo, qué pasará en la definitiva sesión del jueves? La tesis más extendida para este miércoles era que Rodríguez Zapata y García-Calvo se planteaban abandonar el Plenario, montando, por tanto, un número monumental que, a la postre, paralizaría el Alto Tribunal. Nada de eso ha ocurrido en esta sesión del miércoles, aunque nadie apuesta porque no ocurra el jueves.

Pero también podría ocurrir en la sesión de mañana que, puesto que en el orden del día figura primero la recusación de los tres ‘progresistas’ -Sala, Aragón y Pérez Tremps-, el Pleno los recuse, pero luego recuse a los ‘conservadores’ Rodríguez Zapata y García-Calvo. El resultado sigue siendo el mismo: que se bloquea el Constitucional.

Sin embargo, el Constitucional también se bloquearía si el Pleno decide aceptar la recusación sólo de los tres ‘progresistas’, puesto que 10 miembros menos tres dan el resultado de siete que no alcanza el número de ocho vocales necesarios para que exista quórum.

Sin duda, el PP y el PSOE son igualmente responsables de haber llevado al Tribunal Constitucional, el garante de la Constitución Española, a un precipicio cuya única salida parece ser únicamente la de un paso al frente.