La Consejería de Familia y Asuntos Sociales estableció el pasado día 8 de Noviembre que los impresos tendrán que ser presentados en los Servicios Sociales municipales. Estos mismos servicios recibirán 'rebotadas' las solicitudes que se recojan en la Consejería o en el Registro General de la Comunidad.
Además de tramitar la documentación que se exige, los Ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, deberán elaborar también un informe social sobre el entorno en el que vive el interesado y, una vez completado todo el expediente, remitirlo a la dirección general correspondiente, que se encargará de la baremación.
Tanto el PSM como CCOO expresaron a Madridiario su preocupación por la medida. Pilar Sánchez, portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales, auguró que, de no dotar a los municipios de recursos para llevar a cabo esta tarea, "la Orden provocará un cuello de botella en las instituciones sociales de los Ayuntamientos". "Esto debería estar materializado en unos convenios con los municipios", añade Ana González, secretaria de Políticas Sociales del sindicato.
El objetivo de la regulación, según reza la Orden, es "causar las mínimas molestias a las personas en situación de dependencia ya valoradas". Por ello, aquellas personas que ya tengan reconocida la necesidad de asistencia por su minusvalía y que estén atendidos en algún centro público de la Comunidad de Madrid no requerirán ningún informe de salud ni una nueva valoración.
En su lugar, la Comunidad ha establecido una homologación de los grados de minusvalía entre la legislación anterior y los grados de dependencia de la nueva ley. Así, tendrán reconocido el grado III, nivel 2, de gran dependencia aquellas personas que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 30 puntos, y el grado III, nivel 1, aquellas con una puntuación entre 26 y 29 puntos, ambos inclusive, del apartado 'incapacidad física y psíquica del solicitante' de las órdenes 1377/1998, de 13 de julio, y 597/1999, de 23 de abril.
Para Sánchez, del PSM, "esto solo valdría para aquellos que ahora fueran reconocidos de inmediato con el grado más alto de dependencia. En caso de obtener una calificación menor, como estaría basada en una baremación hecha hace tiempo y su estado ha podido empeorar desde entonces, el procedimiento se alargaría varios meses, concretamente, unos siete meses más, ya que el afectado tendría que presentar un recurso de alzada contra esa baremación", aseguró Sánchez.
Retraso
La Orden de la Consejería llega seis meses después de que, en abril, arrancara la valoración de la dependencia de los ciudadanos en virtud de la ley . "Los madrileños han estado todo este tiempo presentando solicitudes sin que exista un procedimiento regulado", denuncia Ana González, secretaria de Políticas Sociales del CC.OO. en Madrid.
Para González, el plazo de seis meses del que se ha dotado la Comunidad para emitir la resolución de cada expediente es excesivo, "y a eso habría que añadir el período previo que tarde el Ayuntamiento en elaborar el informe social y el posterior de la elaboración del plan individualizado de atención. Total: la solución podría prolongarse alrededor de un año", asevera.
Según CCOO, que creó un
servicio específico de ayuda para los solicitantes, quienes presentaron la documentación en abril aún no han recibido respuesta. González calcula que al menos medio centenar de quienes se han dirigido al sindicato podrían llev ar esperando por encima del plazo que fija la ley pore lo que podrían interponer ya una denuncia administrativa contra la Comunidad.
La Ley de Dependencia, en vigor desde el pasado 1 de enero, establece que en su primer año de aplicación tienen que recibir la asistencia prevista todos los ciudadanos que hayan sido calificados como grandes dependientes. A partir del 1 de enero de 2008, serán los dependientes severos quienes puedan exigir por ley el reconocimiento de su derecho y la asistencia que ello conlleve.
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