La Fiscalía de Valencia investiga la compra de Valmor Sports por parte de la Generalitat para seguir teniendo la F1

Así consta en un escrito de fecha 30 de abril, firmado por la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, tras la denuncia presentada por el PSPV, quien denunció ante este órgano a los miembros del Gobierno valenciano que aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor. Fiscalía ha designado fiscal instructor para conocer la denuncia.

Para los socialistas, los miembros del Consejo pudieron haber cometido un delito de malversación de caudales públicos "por utilizar el dinero de los valencianos para aprobar la compra una sociedad en quiebra, cuando era conocido por todos los miembros del Gobierno que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros".
   
El PSPV incluyó en su escrito como prueba el contrato de prórroga de celebración de las pruebas de Fórmula 1 en Valencia. En el documento, según aseguró en el momento del anuncio de la presentación de la denuncia la portavoz del área de Grandes Proyectos del PSPV en las Cortes Valencianas, Eva Martínez, se demuestra que "no era necesario comprar" esta sociedad, que arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, para continuar organizando el Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia.
   
Martínez destacó que el contrato sobre la prórroga del contrato de la Fórmula 1 era un documento "hasta ahora oculto por el Consejo", y fue el que firmó el expresidente de la Generalitat Francisco Camps el 19 de julio de 2011, un día antes de dimitir como consecuencia de la apertura de juicio por la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.
   
Según recalcó entonces la diputada del PSPV, gracias al conocimiento de este documento se ha podido saber que la Generalitat, que ya era copromotora del premio de Fórmula 1 por un contrato de 2009, "se pone en su condición jurídica como garante y avalista respecto de todas las obligaciones de la F1, que ya podían ser pagar el canon o pagar la penalización si no se celebraba el evento".
   
Por ello, los socialistas consideran que no era necesario que el Consejo recurriera a la compra de Valmor para ejercitar sus derechos sobre la organización de la prueba automovilística y estimaban "sospechoso" la firma del de este expediente por parte de Camps antes de dejar sus funciones al frente del ejecutivo valenciano, "cuando expresamente que los efectos del contrato se retrotraen a seis meses antes".
   
En el caso de la actual secretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, que en aquel momento era portavoz del Consejo y presidente de la empresa pública Circuit del Motor, que efectivamente compró Valmor, apuntan a que su responsabilidad es doble.