Le quieren quitar a Gallardón su 'juguete' preferido: la máquina de hacer indultos... según a quién

Gaspar Llamazares defenderá este martes en el Congreso una "ambiciosa y necesaria" proposición de ley para modificar la actual legislación sobre indultos -que data de 1870, aunque con alguna modificación puntual posterior- de tal forma que el Gobierno esté obligado a motivar la concesión de cada medida de gracia. De esta forma, el indulto no podrá aprobarse en contra del criterio del tribunal sentenciador y no se podrán indultar delitos que causen alarma social, como los referidos a temas de corrupción, o asuntos sociales... como acostumbra a hacer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Para resumir los objetivos fundamentales de esta reforma, el diputado de IU indica que debe garantizarse que los indultos "no sean injustos en ningún caso", dado que es imposible acabar del todo con el "margen de arbitrariedad" que corresponde al Ejecutivo que los concede. Por ello, el texto que plantea IU establece las reglas para una "aplicación transparente" de esta medida, para acabar así con el "abuso endémico al que han recurrido los sucesivos gobiernos de PP y PSOE" cuando la han utilizado.

El portavoz parlamentario de Justicia de IU cifra en torno al medio centenar los indultos que concede al año el Ejecutivo. Del mismo modo, denuncia que esta medida se ha aplicado a políticos, jueces, banqueros o personas ligadas al poder político y económico, "lo que ha acabado por dar la impresión a la ciudadanía de que existe una 'justicia paralela' y sesgada para determinados círculos de poder que se escapa al control democrático".

Evitar los 'indultos aleatorios' de Gallardón

Llamazares pone como ejemplo el caso ocurrido en la segunda mitad de 2013 de un conductor kamikaze indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en Valencia, decisión anulada posteriormente por el Tribunal Supremo. Para evitar casos así o que abarquen hechos especialmente delicados, la proposición de ley de IU plantea determinados delitos se excluyan del ámbito del indulto.

Entre otros, se hace referencia a los que tengan que ver con los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de dinero, los societarios y contra la Administración y la Hacienda públicas, malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, y delitos electorales y ecológicos.

Entre las explicaciones y datos que el Gobierno de turno deberá detallar expresamente en sus resoluciones para conceder un indulto estarán el delito cometido, el grado de ejecución alcanzado (actos preparatorios, consumación o tentativa), el título de la imputación (autor o cómplice), la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que justificó su concesión.

Estos mismos puntos deberán constar, de manera sucinta, en los reales decretos que formalizan la concesión de los indultos y que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE), textos que tendrán que seguir incluyendo los datos sobre el órgano sentenciador, las variables temporales y las condiciones impuestas.

Además, la iniciativa coordinada por Gaspar Llamazares, cuya toma en consideración se votará el próximo martes en el Congreso, plantea que para que el Gobierno conceda un indulto parcial o total el magistrado o tribunal sentenciador deberá acreditar "razones de justicia equidad o utilidad pública".

La proposición de ley plantea también que el Ejecutivo remita cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso copia de los expedientes de indulto concedidos, así como la publicación anual de todos los datos estadísticos sobre la utilización de esta medida, garantizando el libre acceso público a los mismos.