Alaya le lee la cartilla al Parlamento

Que conste que siempre he defendido a la juez Mercedes Alaya en su solitaria e interminable instrucción del complicado asunto de los EREs fraudulentos e la Junta, que siempre he apoyado su meticuloso trabajo en una causa que hunde sus raices en la opacidad de las instituciones públicas y en el acorazado sistema de una política dominada por un régimen monocolor que ha hecho lo que le ha dado la gana en Andalucía durante casi cuarenta años. Hasta ahí nada que objetar, al contrario, considero que la magistrada astigitana es un ejemplo de trabajo serio y perseverancia digno de todo elogio en un país en el que la Justicia no atraviesa por sus mejores momentos. Ocurre, sin embargo, que hay autos de Alaya bastante incomprensibles para la ciudadanía cuando pretende, como ha hecho hace unos días, ordenando a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General". Todo viene a cuento de un escrito presentado por el abogado del ex director general de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete, en el que señala que tanto la citada Comisión parlamentaria como el propio Pleno estaban al corriente de las transferencias y las modificaciones presupuestarias que se hacían cada año en la partida 31 L, más conocida a nivel popular, según Guerrero, como el "fondo de reptiles" del que se desviaban fondos para sufragar los EREs.

Sabiendo como sabemos los que hemos sido durante muchos años testigos habituales de las plumbeas sesiones parlamentarias, que en muchas ocasiones sus señorías no saben ni lo que votan y desconocen los pormenores de cualquier asunto tratado, sobre todo si atañe a los presupuestos, no es de extrañar que durante toda una década se "colaran" desviaciones anuales de fondos públicos para otros cometidos sin que los miembros de las Comisión pertinente se enteraran. Además hay que tener en cuenta que los presupuestos generales de la Junta en los últimos treinta cuatro años -excepción hecha del año de la pinza PP-IUCA en el que fueron rechazados y obligaron a Chaves a adelantar las elecciones- han sido aprobados siempre por la mayoría absoluta del PSOE que no admitía ni una sola enmienda que presentara la oposición. Si además colegimos que la Comisión de Investigación Parlamentaria que analizó el escándalo de los EREs resultó ser un "bluf" que no sacó conclusión alguna sobre las responsabilidades políticas de los Gobiernos implicados, miel sobre hojuelas. Desde ese punto de vista es lógico que la juez Alaya pida las actas de la Comisión de Economía y Hacienda e incluso de los Plenos en los que se trató este asunto.

Pero, claro, con la iglesia hemos topado Sancho. Alaya ha pecado de incauta y se ha metido en un jardín harto complicado poniendo en tela de juicio la labor de control que el Parlamento debería de ejercer sobre el Gobierno, cuando todos sabemos que el Parlamento no es sino la voz de su amo que vive en San Telmo. Eso que esgrime su presidente, Manuel Gracia, del respeto a la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo suena a estas alturas como un mal chiste. En este caso el único poder "independiente" que no se atiene a las directrices del partido es el judicial y más concretamente el de la magistrada de Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Ya han visto como a la Fiscalía Anticorrupción, que más que ayudar a la juez parece estar poniendo continuas trabas a la investigación, le ha faltado tiempo para recurrir el auto de Alaya por considerar que no se ajusta a derecho.

Es posible que en este caso concreto Mercedes Alaya se haya pasado de rosca, pero no lo es menos que su último y polémico auto pone al descubierto la inutilidad de una Cámara, el Parlamento andaluz, para ejercer la labor de control del Ejecutivo que el Estatuto le tiene encomendada. Y ello implica que los ciudadanos se muestren cada día más desconfiados hacias unos políticos a los que no parece haberles afectado la crisis cuando un millón y medio de andaluces están en el paro y no tienen un euro para sacar adelante a sus familias. Ellos mismos, los 109 diputados autonómicos sin excepción alguna, deberían de ser los que exigieran al Gobierno de Susana Díaz, que se devolvieran, de verdad y no sólo de palabra, los cientos de millones de euros que se han llevado esos "cuatro golfos", que dice la presidenta. Sólo así se recuperaría algo la confianza en unas instituciones cada día más deterioradas por su pura ineficacia.