Como Ulises en su largo viaje

Los sistemas constitucionales son sistemas vivos que evolucionan con sus pueblos, con su sociedad y con su entorno, o se quedan anticuados e inservibles, convertidos en un relicario ante el que sólo cabe postrarse. Sobre todo, cuando esta Constitución que se nos presentó como sacrosanta e intocable, fue reformada con alevosía por el PP y el PSOE en el verano de 2011, poniendo un dogal antisocial al Presupuesto, madre de todos los Recortes.

Con la muerte del bipartidismo, será tiempo de plantear una profunda reforma de la Constitución, abriendo un período constituyente.

Hace más de 35 años, los españoles aprobaron en referéndum la Constitución Española, que rubricó la muerte del franquismo y el renacimiento de la democracia, un cambio radical en la historia política de España. Desde entonces han nacido dos nuevas generaciones. Lejos de la complacencia, ésta efemérides debería verse como una forma, no sólo legítima sino también saludable, de reconocernos en nuestra memoria histórica y de proyectar un nuevo avance democrático, social, ambiental y federal de nuestro país, sin esquivar el debate pendiente entre Monarquía y República.

Estos siete lustros han presenciado profundos cambios en la sociedad y en el mundo. La España de 2014 es básicamente distinta a la de 1978. Formamos parte de la Unión Europea y afrontamos nuevos desafíos (inmigración, globalización, nuevas tecnologías, genética y sociedad de la información, desregulación y crisis, cambio climático...) que apenas cabía atisbar entonces.

En paralelo a su agitada historia política, en los dos siglos pasados España ha conocido más de diez textos constitucionales o con pretensión de serlo. En los años transcurridos desde 1978, España ha dado un salto político a velocidad de vértigo, pasando de país aislado a actor en la construcción europea y en la globalización. Pero, como Ulises en su largo viaje, es un viaje sin tregua ni descanso. Cuando creíamos que habíamos llegado a la meta, el 11-S y el 11-M produjeron una nueva sacudida, agravada por el cataclismo de la crisis económica. Como en el mito de Sísifo, estamos condenados a un eterno renacer, a insertarnos en el ineludible torrente de cambios y a influir en ellos.

El transcurso del tiempo ha dejado obsoletas algunas piezas del texto constitucional. Baste mencionar que el servicio militar ya no es forzoso, aunque así figura todavía en el artículo 30.2 y en cambio no consta como deber del Gobierno someter a decisión del Parlamento la participación de tropas españolas en misiones militares en el exterior. No se ha tenido en cuenta el abandono de la confesionalidad franquista en el texto constitucional y la excepcionalidad que sólo afecta a la confesión católica resulta discriminatoria para las demás religiones que no disponen de un Estado -como el caso del Vaticano- para ampararse en un tratado internacional.

Sería un sarcasmo que los únicos cambios que se hicieran lo fueran sólo para garantizar derechos sucesorios a príncipes o infantas. Además de la necesaria mención a Ceuta y Melilla, la reforma del Senado y la inclusión de nuestra pertenencia a la Unión Europea, la defensa de los servicios públicos y de la autonomía municipal, los derechos sociales de tercera generación, como los relacionados con el medio ambiente, deberían aparecer de forma más nítida. Los avances de la ciencia deberían ser considerados, acogiendo los nuevos derechos derivados de la bioética, el derecho a una muerte digna, o el derecho a la intimidad en el mundo de los ordenadores, de las bases de datos y del "hombre de cristal". No debemos olvidar que el preámbulo de la Constitución abre un camino hacia una democracia avanzada, la democracia concebida como un proceso dinámico.

Es fundamental mejorar la calidad democrática, generalizando la transparencia y conciliando la democracia representativa con la democracia participativa.

España no se rompe, ni se romperá. Pero para ello necesitamos un fuerte impulso social y federal. Urge la reforma del Senado, hoy convertido en una cámara inútil cuando podría ser, con la voluntad política de todos, la institución donde pudiera expresarse la diversidad territorial, cultural y lingüística de nuestro país.

Habría que insertar una composición federal del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, y reformar el artículo 8º que encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial, como si hubiese un enemigo interior. Y también tendríamos que abrir un debate para la supresión de la provincia, concebida como intrusión y obstáculo al desarrollo autonómico y a la equidad del sistema electoral. El mismo nombre de provincia proviene de la vieja Roma que le daba ese nombre a todos aquellos territorios que vencía e incorporaba a su Imperio.

La mejora del sistema electoral requiere atender las recomendaciones del Consejo de Estado con "el aumento del número de diputados de 350 a 400; la reducción de la representación mínima inicial de 2 a un diputado por provincia y la sustitución de la fórmula D'Hondt por otra más proporcional". También supondría un avance facilitar el voto y la representación de los emigrantes españoles y el voto de los residentes extranjeros en España, posibilitando el acceso de los jóvenes inmigrantes a la nacionalidad española.

También cabe dotar de una mayor base constitucional la autonomía municipal, sobre la que la carta magna se muestra especialmente lacónica, y garantizar la suficiencia financiera de los Ayuntamientos.

No se trata de envolverse en la bandera constitucional, negándose a cambiar una sola coma, sino de actuar con lealtad hacia lo que esa bandera -que debe ser de todos- significa.


[*] Gaspar Llamazares Trigo es diputado de Izquierda Unida