Los papeles del 'frente de makos' lo confirman: ETA quiere negociar directamente el final del proceso

La documentación intervenida en los registros de sedes de abogados en el País Vasco y en Navarra ha permitido constatar el papel dirigente del "Koordinazioa taldea-Grupo de coordinación" (KT) respecto al "núcleo de coordinación / koordinazioa gunea-KG", en el que estarían representados el propio EPPK (comité de presos) a través de miembros del propio KT y las organizaciones y colectivos del entramado de apoyo a los presos de ETA (Herrira, Etxerat, Jaiki Hadi y el "colectivo de abogados-BL"). Ese núcleo dirigente del KT estaría elegido directamente por ETA y de él sobresaldrían los abogados Jon Emparantza y Arantza Zulueta, según se desprende del Auto del juez Eloy Velasco por el que manda a los ocho detenidos a prisión.

El análisis de la documentación requisada en los registros del 8 de enero pasado ha permitió desvelar parte de la estrategia de ETA para gestionar el final de la banda. Y una parte de esa estrategia pasa por el control sin fisuras de los presos. De ahí que, según el Auto del juez Velasco, el objetivo etarra sería el de favorecer el control desde el exterior de las cárceles que ejerce el KT a través de la dirección del EPPK en el interior, de tal forma que todo aquel preso que decida abandonar la disciplina de ETA, o condenar su actividad, será anatematizado: dejará de recibir el apoyo económico, jurídico, social y sanitario que recibía hasta ese momento.

El Auto constata que en los registros practicados en esta causa, sobre las personas que conforman la dirección de la organización HERRIRA, desmantelada por la justicia, se han ocupado diversos dispositivos y documentos en formato electrónico y papel que vinculan a los 8 detenidos directamente con estructuras que conforman en si mismo parte crucial de la organización terrorista ETA.

Un documento excepcional

Un documento clave para conocer los planes de ETA para intentar tutelar el proceso del final del 'conflicto' más allá de la izquweirda abertzales se encontró en la oficina de quien el Auto del juez Velasco identifica como "Sr. Aldumberri -dirigente de Herrira- en Hernani", donde se incautó un dispositivos informático que fue tratado con 'borrado seguro', pero que pudo ser recuperado por los peritos de Informática forense.

Ese dispositivo contenía un documento sobre "Proceso de debate 2012 ETA, informe básico", fechado en marzo de 2012 y en el que se indicaba que sólo se difundiera a militantes de ETA y del EPPK. El documento está firmado por el comité de dirección de ETA, y en él se viene a indicar que esa dirección de ETA se reserva el proceso de negociación con el gobierno respecto de lo que llaman "consecuencias del conflicto", refiriéndose a los presos de la organización terrorista, instando a un incremento de la movilización y la adhesión social por la negociación, insistiendo que ETA se reserva hacer los núcleos para la coordinación-cohesión interna del colectivo de presos, que prioriza los aparatos político y logístico, sobre el militar y que será ETA quien nombre a sus representantes en la negociación con los Gobiernos español y francés.

En definitiva, ese documento, aunque con una antigüedad de un año, viene a demostrar que la organización terrorista no está dispuesta a ser el 'convidado de piedra' en un proceso final, y que antes de su disolución quiere emprender una negociación con el Gobierno.

El control de los presos, fundamental

Otro documento ocupado al mismo imputado -Aldumberri- titulado "Para los responsables 2", de mayo de 2012, elaborado por el KT y dirigido a los responsables del EPPK para que lo dirijan a su vez a las asambleas de las cárceles, difunde entre los presos etarras sólo el documento que contempla la lucha armada (Mugarri) y no el que no la contemplaba, explicando la razón por la que ETA decide abandonar la lucha armada, oponiéndose a que se contemplen solicitudes de reinserción penitenciaria individual, reivindicando una solución colectiva, remarcando que es responsabilidad de ETA solucionar la situación carcelaria, negociando con el Gobierno.

Al mismo imputado Aldumberri se le ocupó otro documento informático tratado con 'borrado seguro', pero recuperado, titulado "KTri 1210" de Octubre de 2012, en el que ETA se dirige al KT identificando estructuras de dirección del EPPK, configurando el KT como la estructura de ETA que dirige y supervisa la actividad del colectivo de presos, evidenciando que su existencia y actividad se realiza en la clandestinidad, frente al resto de órganos que lo hacen públicamente, elaborando boletines internos (Ekia), la acción del EPPK, planificaciones y sus comunicaciones bidireccionales, y donde ETA -se entiende que la dirección militar- se reserva tomar decisiones que afecten a la línea general.

En ese documento, se 'riñe' al rector de los comunicados porque abre poco el EEPK y porque se adelanta a la dirección de ETA sobre el tema de las víctimas, aprovechando para emitir directrices sobre los temas de la sentencia sobre la doctrina Parot, la negociación, las entrevistas del EPPK con los equipos de tratamiento penitenciario y las reuniones con agentes políticos y sociales, organizando el EMBLT y creando un grupo de ayuda externa a los interlocutores del BT.

El Auto del juez Velasco incluye referencias a otro documento ocupado en el despacho de Nagore García, en Hernani, en el que "reubicándose ante la nueva situación", encuadra al colectivo de abogados como el de aquellos "cuya función es hacer llegar a los presos directrices de ETA en sus rondas y visitas especificas a presos concretos, así como prestarles asistencia jurídica con arreglo a la estrategia judicial que los abogados les indiquen, pues son ellos los que hacen el seguimiento de las operaciones judiciales". En esos documento se establece que hay que proceder al ostracismo y la expulsión de ETA a quien siga la vía Nanclares.