jueves 26 de diciembre de 2013, 14:23h
Seguramente ha habido
pocas campañas tan duras como la que se ha iniciado contra el proyecto de
reforma de la ley del aborto emprendida por el Gobierno Rajoy. Las acusaciones son
de tal calibre, las tomas de posición tan extremas que parece que el aborto es
hoy el problema número uno de España. No sucedió lo mismo cuando el PSOE de
Rodríguez Zapatero, rompiendo un consenso tácito, sin negociación alguna, amplió
y desnaturalizó la ley del aborto. Las descalificaciones ahora del principal
líder de la oposición, colocando en la "extrema derecha" a los que no comparten
su opinión son una falsedad y un insulto al sentido común. Es cierto que una
parte importante de la población mira para otro lado cuando se plantea el tema
del aborto y ha convertido en ley, aquí sí, el "derecho a decidir". Pero hay
muchas aristas en un asunto que es todo menos pacífico, que afecta a las
creencias más profundas de millones de ciudadanos y que, en cualquier caso,
produce un daño directo a la mujer que toma esa decisión.
Somos muchos los que
creemos que no es progresista defender el (supuesto) derecho al aborto y que lo
progresista es defender el derecho a la vida del más débil, del no nacido, como
proclama la Constitución. Somos muchos los que sabemos que su legalización ha
provocado el crecimiento del número de abortos, con leves y esporádicas caídas
algún año. Desde 2003 hasta hoy hemos pasado de 80.000 abortos anuales a más de
112.000, un aborto por cada cuatro nacimientos. Somos muchos los que creemos
que la vida humana empieza desde el momento de la concepción y que la muerte de
un ser vivo, con capacidad para crecer y desarrollarse, es un crimen. Somos
muchos los que creemos que no existe ni está protegido un derecho universal al
aborto y que éste no es una conquista femenina sino un drama que está costando
la vida de muchos inocentes, marcando la vida de muchas mujeres y cargando
sobre ellas de forma violenta el peso de una decisión terrible. Somos muchos
los que creemos que ninguna mujer debe ir a la cárcel por abortar -de hecho
ninguna ha ido y ninguna irá en el futuro-, pero estamos en contra del aborto.
Somos muchos los que creemos un disparate que las menores de 16 años puedan
abortar sin siquiera el consentimiento o el conocimiento de sus padres. Somos
muchos los que creemos que un niño con síndrome de Down no puede ser condenado
a no vivir, aunque los datos demuestran que el 80-90 por ciento de los fetos
que hoy presentan este síndrome no llegan a ver la luz.
Somos muchos los que
creemos que el Estado debe proteger a las mujeres embarazadas y a las familias
de forma activa para permitirles las condiciones necesarias para tener hijos y poder
cuidarlos, en lugar de asumir como ley la desprotección activa de la vida de
más de cien mil personas cada año. El problema debería ser cómo defender la
vida, nunca cómo acabar con ella.