España
tiembla, y no sólo de frío, pero también por el frío va a pasar este invierno
tras el anuncio de una subida de la luz en enero superior al 11%. Es el acabose:
muchas casas no podrán encender la calefacción, sobre todo si es eléctrica.
Las
organizaciones de consumidores han arreciado inmediatamente sus críticas, muy
especialmente la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) que ha emitido
un durísimo comunicado:
"El
absurdo resultado de la subasta eléctrica celebrada hoy (con una subida de casi
el 26%) evidencia una vez más que este opaco sistema de formación de precios
para la Tarifa de Último Recurso (presuntamente regulada por el Ministerio de
Industria) no es equilibrado y beneficia a las empresas del sector
(principalmente a las más grandes), dejando de lado a los consumidores y a la
administración".
Ante
ese hecho, CECU ha exigido al Gobierno que recupere la potestad regulatoria de
los precios de la Tarifa de Último Recurso y que vuelva a ser el Ministerio de
Industria el que administre su precio, con la finalidad de garantizar la correcta
prestación de este servicio público básico.
En
cualquier caso, "esta medida no tiene que ser la única, sino que debe venir
acompañada de profundos cambios en el sector que mejoren la competencia en el
mercado libre y la transparencia en el sector", dice la citada Confederación.
En
cualquier caso, esta organización ha reclamado también a la administración del
Estado que tome medidas inmediatas que eviten que los consumidores sufran el
problema de la pobreza energética, impidiendo los cortes de luz durante los
meses de invierno y ampliando las ayudas sociales.
El
Gobierno ordena investigar la puja para determinar si hubo manipulación
La
subida es tan espectacular, que el Ministerio de Industria ha solicitado a la
Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) un
dictamen de urgencia
sobre la subasta eléctrica de este jueves que ha llevado a que el recibo de la
luz suba más del 11% a partir de enero. El departamento de
José Manuel Soria pide
que se investigue si ha habido competencia real o "manipulación de precios".
Hay
que señalar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya
abrió una investigación hace una semana sobre "los movimientos inusuales" en
los precios mayoristas de la electricidad. La Sala de Supervisión Regulatoria
solicitó en la reunión del martes a la Dirección de Energía que abriera una
fase de información previa sobre las oscilaciones de precios registradas en
general, y específicamente entre el 2 y el 9 de diciembre.
Los
socialistas reprochan al Gobierno el "caos normativo"
Por
su parte, el portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista,
José
Segura, ha reprochado al ministro Soria "la anarquía y el caos
normativo" del Gobierno en materia de política energética que han llevado a
cabo en estos dos años, y ha lamentado que los ciudadanos "paguen las
consecuencias".
En el debate sobre las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley del Sector
Eléctrico, Segura ha explicado que con la Ley que este jeuves se tramita "ha
desaparecido la Tarifa Eléctrica de último Recurso (TUR), se modifica y
empeoran las condiciones del bono social y ahora, eufemísticamente, la tarifa
de último recurso se va a llamar precio voluntario al pequeño consumidor
(PVPC)".
"A
día de hoy, no hay un diputado en esta Cámara, no hay un miembro del Gobierno
que pueda asegurar que el déficit tarifario será de 3.600 millones de euros,
tal como cifra el Gobierno". Así, ha explicado que la realidad, la cifra total
del déficit tarifario del año 2013 no se va a conocer hasta diciembre del 2014
y ha afirmado que "no será de esta cantidad", pues en el Proyecto de Ley se
establece una liquidación adicional para que se lleve a cabo un año después.
Algo que genera "incertidumbre adicional".
Menos
beneficiarios del bono socialSegura
ha subrayado, por otra parte, que a través de la Ley que ahora se tramita se
cambia la financiación del bono social y se produce "un gran destrozo": se
estima que unos 2,7 millones de hogares tienen la tarifa denominada bono
social, para los que se han acogido a una norma que viene del 2009 y que ha
paralizado el coste de la luz, algo que ha supuesto unos 200 millones de euros
anuales".
Sin
embargo, "ahora ese bono social se modifica en los requisitos exigibles y según
una enmienda del Grupo Popular en el Senado ya no irá a las espaldas de 11 grandes
empresas eléctricas -como se aprobó en el Real Decreto Ley 9/ 2013 del 12 de
julio-, ahora se cargará al sistema eléctrico", ha dicho Segura.
Si (
No(
