El Gobierno no admitirá ninguna reforma de la Constitución
Española, como ha pedido el Partido Socialista, porque no lo ve 'prioritario' y
porque no hay el "núcleo de consenso necesario" para pactar los temas a
reformar. Lo ha dicho la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tras la reunión del
Consejo de Ministros en la víspera del 35 aniversario de la Carta Magna, que se
celebra este viernes en el Congreso de los Diputados. Pero la oposición acusa: el
Gobierno está reformando de hecho la Constitución por la 'puerta falsa', con su
política de 'recortes antisociales' y el quebrantamiento del Estado de
Bienestar a base de 'decretazos-ley'. El aire que se respira en España está
cada vez más enrarecido.
El Gobierno hace oídos sordos a las peticiones que llegan
desde la oposición para reformar determinados aspectos de la Constitución. Una
reforma que, por ejemplo,
ha pedido en Diariocrítico la presidenta de la Junta
de Andalucía y lideresa del socialismo andaluz, Susana Díaz, con un excelente
artículo en exclusiva con motivo del 35 aniversario de la Carta Magna. Y una
reforma que también ha pedido este mismo jueves en un acto en la sede oficial
de Ferraz, el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero el
Gobierno en enroca: coloca la torre delante del rey y sus peones se niegan
siquiera a hablar de reforma.
Así las cosas, la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría,
en funciones de vocera gubernamental, ha dicho este jueves que "hay que
analizar los momentos políticos, sociales y económicos del país en el que se
vive y señalar prioridades". Y, naturalmente, la prioridad, hoy, no está según
ella en la reforma de la Constitución, pese a que muchos de los cambios que se
piden van dirigidos a impedir que el Gobierno del Partido Popular siga
reformando la Carta Magna por la vía de los hechos y por la puerta falsa: es
decir, recortando derechos sociales, incluso con decretos-ley.
Pero ése es un aspecto del que el Gobierno no quiere ni oír hablar;
es más, lo considera 'no negociable' -blindar los derechos de los ciudadanos
frente a la rapiña del neoliberalismo feroz, como pretende el PSOE-, y argumentan,
para justificar su cambio de opinión sobre la reforma de la Carta Magna con
respecto a cuando estaban en la oposición, en que cuando uno tiene tareas de
Gobierno, no es lo mismo que cuando se está en la oposición: ahroa se tienen que ver cuáles son las
propuestas y cómo llevarlas a cabo. Y según Sáenz de Santamaría, como cada
grupo político pide una cosa tan distinta, pues... ni se abre el asunto, no sea
que se pudiera llegar a un consenso.
Las reformas que pide el PSOEFrente a esa posición
bunkerizada del PP y del Gobierno de
Rajoy, el Partido Socialista ha
publicitado este jueves las grandes línea de reforma de la Constitución que a
su juicio son necesarias. Dicen los socialistas que "nuestro país está viviendo
grandes cambios que nos enfrentan no solo a una crisis económica, sino también
a otras crisis (política, institucional y territorial) que exigen respuestas
constructivas, muchas de las cuales deben tener necesariamente su reflejo en la
Constitución".
Alegan, además, que a las dificultades derivadas de la
crisis, se unen las decisiones promovidas por el Gobierno en los 2 últimos años,
decisiones que "han debilitado las estructuras del Estado de Bienestar y han
recortado derechos sociales, laborales y servicios públicos. Y las que se
anuncian para el inmediato futuro pueden afectar gravemente a los derechos
civiles, políticos y a las libertades y garantías que la Constitución establece".
Es decir, que el lado más extremo del PP está planteando una reforma por la
puerta falsa de la propia Constitución.
Así las cosas, entienden en el PSOE -también en la IU de
Cayo Lara, aunque
con otros argumentos- que hay que actualizarla para que dure y siga siendo tan
útil como hasta ahora: "Para preservar y hacer perdurables tan importantes
logros, el PSOE propugna la necesidad de modificar -entre todos y por consenso-
algunas partes del texto de la Constitución para adaptarla a los cambios que se
han producido en estos 35 años y a la realidad del siglo XXI".
Esos grandes bloques serían:
- Evitar que la sanidad y los servicios sociales básicos
puedan estar al albur de la decisión de un gobierno, para lo que el PSOE
propone que la sanidad, el sistema de servicios sociales y la renta básica de ciudadanía
se incorporen a la Constitución para que sean considerados y garantizados como
derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
- Consolidar y garantizar los avances de igualdad entre
hombres y mujeres, para lo que defienden que se incorporen igualmente al texto
constitucional los avances que se han producido en España, en estos 35 años, en
materia de familia y de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Para hacer frente a la actual crisis de desapego ciudadano
de la política y de las instituciones democráticas, introduciendo cambios en la
Constitución que permitan, a su vez, modificar el sistema electoral -para
hacerlo más participativo y representativo- y corregir la insuficiente regulación
de los partidos políticos.
- Y, desde luego, una apuesta por un modelo federal "para
seguir juntos": "El Estado de las Autonomías que tanto y tan bien nos ha
permitido convivir y progresar en estos años, vive hoy dos tensiones contrapuestas:
unos rememoran las viejas estructuras centralistas, mientras otros reclaman
independencia".
El PSOE sostiene al respecto que hay que salir al paso de
ambas tensiones, para seguir viviendo juntos en una España que nos reconozca
como somos: diversos. Y proponen para ello la evolución del actual Estado autonómico
hacia un modelo federal, como lo tienen países como Alemania y Austria.
Lo anterior se lograría, según el PSOE, incorporando al texto
constitucional preceptos que aseguren el respeto a la identidad de las
distintas Comunidades, a su lengua, a su historia y a sus instituciones; que
clarifiquen el reparto competencial actual; que conviertan al Senado en una
verdadera cámara territorial, y que perfilen mejor el sistema de financiación y
las garantías de cooperación y lealtad institucional, y también para asegurar la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos sociales
básicos, vivan donde vivan.
Ese planteamiento, sin embargo, no gusta en el gobierno,
cuya portavoz dice que "yo no voy a entrar en ese debate concreto [sobre autonomía
y federalismo], pero me gustaría conocer en qué concreta Rubalcaba] esa vía
federal, en qué consiste", porque "nuestro sistema es uno de los más
descentralizadores al respecto".
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