Rebelión de abogados catalanes contra los secesionistas: denuncian al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña

En el citado manifiesto, resultado de una comisión encabezada por Manuel Zunón, Juan Carlos Segura y Vanessa González, los abogados catalanes denuncian que los colegios profesionales "no pueden posicionarse políticamente sin infringir la ley y la Constitución", y recuerda a los radicales que los Colegios profesionales de Abogados son Corporaciones de Derecho Público de afiliación obligatoria y que, como tales, su ámbito de actuación queda limitado a aspectos relativos "a la defensa de nuestra profesión y de los colegiados".

Teniendo en cuenta lo anterior, los abogados firmantes denuncian que sus decanos y Juntas de Gobierno "no tienen legitimación para utilizar una Corporación profesional para finalidades políticas ajenas a la profesión, ni poner ésta al servicio de una ideología o del poder político de turno".

Los secesionistas vulneran derechos de los abogados

En segundo lugar, los firmantes del Manifiesto denuncian que el acuerdo de adhesión al 'Pacto Nacional por el Derecho a decidir' "vulnera derechos fundamentales de los colegiados". Alegan al respecto que "resulta totalmente inadmisible que Decanos de Colegios de Abogados hayan vulnerado conscientemente las libertades individuales de conciencia y pensamiento (artículo 16 CE), de expresión (artículo 20.1 CE) y de participación política (artículo 23.1 CE) de todos los abogados obligatoriamente adscritos a sus Colegios profesionales".

Dicen los letrados que en modo alguno esas funciones que se han arrogado les han sido conferidas ni delegadas, ni pueden ser ejercitadas representativamente por la Corporación profesional, lo que conduce, en palabras del Tribunal Constitucional (Sentencia T.C. de 24 de mayo de 1985; RTC 1985/67), a una "concepción de los Colegios Profesionales propio de un modelo de Estado corporativo por parte de estos Decanos, afortunadamente superado, que es radicalmente incompatible con el Estado Social y democrático de Derecho, y con las libertades individuales y el pluralismo político que la Constitución garantiza (artículo 1.1 CE)".