En su exposición de motivos se afirma textualmente: "En no pocos casos la calificación jurídica del
delito cometido, la pertenencia del reo a un partido político, a una
institución pública o a poderes económicos relacionados, han generado polémica
y dudas razonables sobre un problema preocupante: saber si el tipo de delito y
el rango o condición del sujeto condenado influyen en la concesión del indulto.
Si esto fuera así, este tipo de medidas de gracia supondría un atentado frontal
para el principio de legalidad de los delitos y de las penas, y sería
incompatible con el principio de igualdad ante la ley, por su carácter discrecional,
arbitrario y en gran parte, secreto".
La
Proposición de Ley presentada este miércoles por
el diputado de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, a la Mesa del Congreso de
los Diputados es así de explícita y parece anticiparse a un supuesto final
¿feliz? para los supuestos corruptos de los casos Bárcenas y Gürtel,
actualmente en fase de instrucción. Pero, además, se produce después de que el
Tribunal Supremo haya 'tumbado' el indulto concedido por el aún ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al kamikaze de Valencia que fue defendido por
un despacho de abogados en el que trabajaba un hijo del propio Ruiz-Gallardón.
Acaso por eso, la exposición de motivos de la
Proposición de Llamazares afirma:
"Este podría ser el caso, por ejemplo, de los
delitos de malversación de fondos públicos, fraude, estafa, apropiaciones
indebidas, delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda
Pública, cohecho, falsedades o contra la Ordenación del Territorio y el Medio
Ambiente en casos de corrupción urbanística, muy especialmente cuando han sido
cometidos por cargos públicos, dirigentes políticos, banqueros o empresarios
próximos al poder, transmitiéndose el mensaje de que la corrupción puede quedar
impune y que existen distintas varas de medir a la hora de sancionar las
conductas delictivas".
De cómo el poder político indulta a los corruptos
políticos
En ese mismo texto, Llamazares señala que la
relación de casos de indultos como los arriba señalados es "abrumadora". Se
ciñe a algunos casos, como el concedido a un juez por archivar una querella por
un delito fiscal de 500 millones de pesetas contra un ex director de Casinos de
Cataluña, a otro juez de la Audiencia Nacional expulsado de la judicatura por
prevaricación y a un tercero condenado en 2001 a dos años y medio de
inhabilitación por un delito de prevaricación continuada.
También hace un repaso de los indultos concedidos
en la última década a un ex contable del caso Filesa, o en 2008 a cuatro altos
cargos de la Administración vasca condenados por el fraude masivo en las
oposiciones de Osakidetza, o los recientes indultos concedidos por el Gobierno
del PSOE a un conocido banquero condenado a una gravosa pena de inhabilitación,
pese al criterio en contra del Tribunal Supremo, y los concedidos por el
Gobierno del PP a un alto cargo de la Generalitat de Catalunya y a un
empresario condenado con él, a largas penas de prisión y de inhabilitación
absoluta, y todo ello a cambio de un puñado de votos y pese a sendos informes
del tribunal sentenciador y del fiscal del caso contrarios a la medida de
gracia.
4.667 indultos entre 2000 y 2008Llamazares critica la falta de datos estadísticos
de acceso público en España sobre los indultos, lo que dificulta gravemente el
conocimiento de la práctica de su concesión, pues solamente puede reconstruirse
a partir de la información que aportan los reales decretos mediante los que son
otorgados.
Ahora bien, según un estudio publicado en el
número 9 (2011) de la revista Española de Investigación Criminológica por los
juristas Doval, Blanco, Fdz- Pacheco, Viana &Sandoval, señala que entre los
años 2000 y 2008 los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE concedieron un total
de 4.667 indultos, con una media anual de 519, unos 42 al mes.
Por ejemplo, el primero de diciembre de 2000, el
entonces ministro de Justicia
Ángel Acebes concedió 1443 indultos en bloque en
un solo día, justificándolos, en particular, en que el Papa Juan Pablo II había
pedido al Gobierno medidas de gracia con motivo del Año Jubilar, lo que
retrotrajo el Estado a privilegios similares al que en el siglo XVIII otorgó
Carlos III a la Cofradía Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga.
Ante esa circunstancia, la exposición de motivos
señala claramente que "el recurso al indulto está siendo utilizada como
instrumento de simulación, taponador de necesarias reformas del ordenamiento
jurídico, como es el caso de las elevadas penas de los delitos contra la salud
pública, habiendo representado estos casos una cuarta parte de los reos
indultados entre 2000 y 2008".