Es al menos lo que denuncia el
PSOE de Castilla-La Mancha que dice tener "constancia" de que 101 de los
afectados viven en Ciudad Real, 66 en Albacete, 44 en Toledo y 15 en Cuenca.
Según la carta, las viviendas quedarán a disposición de otras
familias con necesidades de un hogar dispuesta a pagar regularmente el recibo
de alquiler. No obstante, la misiva advierte a los inquilinos deudores que
pueden solicitar a la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes desde la
recepción de esta comunicación, el aplazamiento de la deuda durante 12 meses, y
en su caso, también el fraccionamiento de la misma.
La portavoz del PSOE en la
región, Cristina Maestre, califica la misiva de "macabra" y "casi amenazante"
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del
PSOE en la región, Cristina Maestre, quien ha indicado que hasta el momento los
socialistas tienen constancia de que han recibido esta carta, siendo 101
procedentes de Ciudad Real, 66 de Albacete, 44 de Toledo y 15 de Cuenca.
Maestre ha indicado que estas
familias no tienen con la administración "deudas poderosas" porque
pagan al mes "unos 60 u 80 euros de alquiler".
"No tienen ni para comer y
están esperando a que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, les dé
un trabajo, saque un plan de empleo urgente o les dé algún tipo de ayuda de
emergencia", ha subrayado la dirigente socialista.
"O pagan o se tienen que ir
a la calle", dice Maestre al tiempo
que ha criticado la moratoria de 12 meses que da la Junta porque, a su juicio,
supone "alargar la agonía a estas familias".
No ha ahorrado calificativos
hacia el Gobierno regional del que dice que es "inhumano, frío y que odia a las
familias pobres de la región porque se ensaña con ellas".
La Junta dice que se dirije a los que tienen más de 60 recibos sin
pagar
El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha dado su versión explicando que no desaloja de sus viviendas a quienes
no pueden pagar el alquiler por dificultades económicas "justificadas".
Aseguran desde la Junta que lo
que se hace es informar los inquilinos que tienen deuda contraída con la
Administración superior a 60 meses de impagos acerca de la posibilidad que
tienen de acogerse a un aplazamiento "con el objetivo de evitar
situaciones que obliguen a desalojar a familias de estas viviendas".
Las misivas informativas
están siendo dirigidas a aquellos deudores que acumulan más de 60 recibos
impagados y que no hayan firmado compromisos de pago con la Administración o
que, habiéndolo hecho, hayan incumplido con el pago de forma grave o reiterada,
para que puedan regularizar su situación y evitar la extinción del contrato de
arrendamiento.
"Mientras que los arrendatarios con
dificultades económicas justificadas merecen que la Junta de Comunidades les
conceda facilidades para superar las dificultades --tal y como estable el
Decreto--, los arrendatarios en los que no concurre esta circunstancia y que de
forma reiterada incumplen sus compromisos de pago, deben hacer frente a las
deudas o abandonar las viviendas, para que otras familias que lo necesiten
puedan acceder a ellas, teniendo en cuenta que hay un gran número de familias
inscritas que demandan estas viviendas en la región", concluye el Gobierno
regional.
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