Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha confirmado en este punto que se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado" y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado.
Además, los gastos reembolsables se pagarán previa presentación de los justificantes adecuados y se regularán por ley los gastos de representación, que se clarificarán para que no existan dudas.
El Gobierno busca igualmente aclarar y unificar toda la normativa que existe relativa a los cargos públicos, que es dispersa, que lleva "muchas veces" a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen "una serie de derechos que no son tales".
El paquete de medidas aprobado por el Gobierno incluye también la reforma del Código Penal, para endurecer la respuesta de la ley contra los corruptos.
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