Los argumentos médicos que han echado abajo la privatización sanitaria en Madrid

El pasado martes, 3 de septiembre, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) dio a conocer un auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid decretando la suspensión cautelar de la concesión de seis hospitales madrileños a las empresas Sanitas, Hima San Pablo y Ribera Salud, una decisión que el juzgado tomó para proteger "derechos fundamentales" de los ciudadanos.

La decisión cayó, claro está, como un jarro de agua fría en el Gobierno autonómico de Ignacio González, cuyo consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, la cabeza visible del impulso privatizador sanitario, cargó contra el juez, acusándole de todo lo habido y por haber.

Lo cierto es que unas fechas antes de la decisión judicial, representantes sanitarios empapelaban los centros de salud madrileños con hojas explicativas del 'negocio' que la derecha en Madrid quería hacer con la sanidad de todos, y algunos de esos argumentos están recogidos en el auto del juez por ser absolutamente evidentes.

El texto que reproducimos en Diariocrítico, extraído de un ambulatorio en un populoso barrio madrileño, partía en su primer punto de lo que era ya una realidad evidente: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende que empresas privadas sean las que ofrezcan los servicios sanitarios a la población. También empresas privadas podrán comenzar a gestionar los Centros de Salud". A partir de ahí, el personal sanitario -médicos, enfermeras y resto de trabajadores- exponía con claridad lo que iba a ocurrir.

Se especificaba al público -se supone que no sufrientemente informado- que será la Comunidad de Madrid la que pague a las empresas para que ofrezcan esos servicios, en vez de ofrecerlos ella misma, "cuando su trabajo es gestionar los bienes públicos y no traspasarle esa responsabilidad a terceros, y menos a empresas privadas".

Un negocio redondo... contra los madrileños

En su punto tercero, los sanitarios ya planteaban la duda que, finalmente, ha determinado al juez la suspensión de la privatización: "¿Cuánto le pagará la Comunidad de Madrid a las empresas?". El texto reconocía que no se sabía aún, pero que sería "probablemente una cantidad que oscila en torno a los 600 euros al año por cada paciente que tenga como referencia el hospital en cuestión", y explicaba el significado de esta cifra: "Es decir, que la empresa cobra al año de la Comunidad igual por un paciente que gaste 50 euros que por uno que gaste 450. Esto tendría sentido si la empresa atendiera a los pacientes que salen caros también, y por ejemplo una persona mayor que gastara 900 euros se compensara con una persona joven que gasta 300".

Pero se informaba ya a los madrileños que "resulta que las personas en nuestro último año de existencia generamos al sistema sanitario el 50% de gasto de toda nuestra vida. Los ancianos son los que generan el grueso del gasto. Por eso la Comunidad de Madrid quiere desmantelar el Hospital de La Princesa tal y como lo conocemos hoy. Para hacer un gran hospital que atienda a los pacientes que no salen rentables a la empresa privada. Así la empresa se quedará con los pacientes que generan menos de 600 euros de gasto al año y ganará mucho dinero, mientras que será la Comunidad (es decir, el dinero de todos) la que sustentará a los que más gasto generan. Es un negocio redondo para las empresas a costa del contribuyente".

Quitarse de encima a la tercera edad

Siguiendo con ese razonamiento, los sanitarios hacían ya entonces serias advertencias a los ciudadanos: "Cuando usted vaya al hospital no tendrá que pagar y puede que no note muchas diferencias en la atención que recibe, lo cual no quiere decir que no las haya".

La idea está clara, que es lo que parece que también ha visto el juez: "La empresa intentará ganar lo máximo posible de esos 600 euros y lo hará de la siguiente manera: pagará menos a los profesionales y gastará menos dinero en pruebas o tratamientos que necesitan los pacientes. Ya no será lo primero tratarle con lo que sea mejor para usted, sino que habrá que contar con el coste, lo que provocará que en algunas ocasiones usted no pueda recibir el mejor tratamiento, para poder maximizar  el beneficio de la empresa".

Los sanitarios -médicos en su mayoría, que son los mismos que han conseguido parar los planes de la derecha política y económica en Madrid- seguían informando directamente a los ciudadanos que ese modelo que quería imponer Fernández-Lasquetty "ha sido puesto en práctica en otros países y aquí en España, en Valencia y ha fracasado en todos los casos. El Estado ha tenido que recurrir al rescate de las empresas y al final se ha gastado más dinero que si hubiera hecho directamente una gestión racional de la Sanidad él mismo. Meternos en estos momentos de crisis en un proceso como éste sería un error más que empeoraría la ya maltrecha economía".

'Mayor mortalidad en hospitales privados'

En ese sentido, los médicos especificaban en los ambulatorios que "este modelo no solamente es más caro, sino que además no es mejor para la salud de la población. No ha demostrado que genere mejor calidad de salud ni que la gente viva más. Paradójicamente se ha observado que la mortalidad es mayor en hospitales privados que en públicos y que gastar más dinero en hospitales públicos reduce la mortalidad más que gastarlo en privados".

Así las cosas, el personal sanitario madrileño que hacía este esfuerzo informativo ya decía que "las decisiones en política sanitaria no se toman con las opiniones y con las visiones de cada uno, sino con estudios científicos que demuestren que lo que se quiere implantar es beneficioso. No hay ningún estudio que demuestre que este nuevo modelo sanitario sea más beneficioso que el que hay ahora".

Para los médicos, la razón de lo anterior está clara: "El modelo que tenemos es más que sostenible. Solamente hay que hacerle unas reformas (los profesionales las llevamos proponiendo mucho tiempo y la Consejería no nos ha hecho ni caso) para ajustar un poco el gasto".

Intereses espurios de los políticos

Ahora bien, el punto 9 de ese documento sanitario que finalmente ha servido de argumentarlo judicial es demoledor: "¿Porqué estamos en huelga los profesionales de la Sanidad Madrileña? Porque los políticos como Ignacio González y Javier Fernández Lasquetty se empeñan en que lo que os acabamos de contar es mentira a pesar de que todos los médicos y demás profesionales sanitarios sabemos que no lo es. Tienen intereses con las empresas que se repartirán el jugoso pastel de su salud".

Y luego desmontan las "insidias" -según ellos- que ha lanzado el Gobierno regional contra los médicos y enfermeras contrarios a la privatización: "A los trabajadores de la sanidad pública madrileña se les bajó el sueldo un 5% y no hicieron huelga; se les aumentó el horario laboral y no hicieron huelga; se les recortó la paga "extra" (de extra nada    el año se divide en 14 pagas y quitaron una) y no hicieron huelga... llevan años firmando contratos cada 3-6 meses (siendo ilegal) y no hicieron huelga... Qué nadie se confunda. ¡La huelga es para defender el sistema público de sanidad! Y se hace por y para los pacientes. Porque todos somos pacientes''.

Finalizaba el documento con una dicotomía: "¿Usted de quién se fía más? ¿De los médicos  o de los políticos?". Parece que, de momento, la justicia se fía más de los médicos.