Cadena perpetua, sí; cadena perpetua, no

Según la mitología romana, Saturno  (conocido como Cronos en la Grecia clásica) se rebeló contra su padre Urano para  sustituirle en el trono junto a la diosa Opis.   Y aún fue mucho más allá porque,  para evitar que ningún hijo suyo  pudiera destronarlo, decidió  ponerse la venda antes de la herida y  devorarlos uno tras otro y así  evitar una  posible rebelión.


Crímenes, violaciones, venganzas  sangrientas y actos  crueles   como los reflejados   en  las mitologías  griega y romana  parecen  distantes    y lejanos  en el tiempo, contemplados en lienzos   como los de Rubens o Goya, o en   libros de texto, como  producto  de los caprichos  o las desviaciones de los dioses. 


Sin embargo,  sabemos muy bien   que este tipo de  actos   pueden  vivirse en  cualquier  tiempo y en cualquier lugar y uno de los deberes del poder legislador  consiste precisamente  en  anticiparse  a los hechos  y delimitar  las consecuencias  penales  que puedan derivarse   para los sujetos que  lleguen a cometerlos.   Por ejemplo, entre nosotros, los   llevados a cabo  recientemente  por  José Bretón,  condenado por la justicia española  por  el  asesinato de sus hijos  Ruth y José,  que actuó  -según parece- movido  por  la venganza  ante su ex-mujer  y madre de los pequeños, por la   decisión de abandonarlo. Un  hecho cruel que  nos sitúa frente  a un semejante  que ha sido capaz  de asesinar  a sus propios hijos -según se  fija en la sentencia, aunque  esta aún no sea firme, porque puede ser recurrida en  varias instancias-.   


Al otro lado del charco, en Estados Unidos, la justicia norteamericana ha condenado  también  recientemente a cadena perpetua a  un  ciudadano  estadounidense de origen puertorriqueño, Ariel Castro,  por secuestrar y abusar sexualmente de tres mujeres durante más de 10 años en su casa de Cleveland. Únicamente la circunstancia  de  haberse  confesado autor de  los  937 delitos de los que estaba acusado (entre ellos homicidio, secuestro, violación y asalto) lograron evitar que la condena   del tribunal  fuese la   pena de muerte,  la mayor de las sanciones penales, que hoy en día  todavía permanece reconocida en las legislaciones de algunos estados.


El peso de la ley                                                           
Ante delitos tan graves  como los indicados, se cometan estos donde se cometan,   el peso de la justicia  debe caer  de forma contundente  sobre  los autores, aunque  el destino de estos  sea muy diferente en función  del lugar  en donde sean cometidos.  En aquellos países  donde  está reconocida la pena de muerte (y quien esto  escribe  está absolutamente en contra de ella)  las consecuencias  que pueden deparar  la comisión de actos  de máxima gravedad, no ofrece discusión alguna en cuanto al grado de  cumplimiento. Otra cosa  bien distinta, sin embargo, es  la aplicación de la  cadena perpetua. 


El  término "Cadena Perpetua" no  es siempre sinónimo de    máxima dureza de la pena -como, a primera vista, pudiera entenderse  por   el término  utilizado-. El rango  penal, según las diversas legislaciones de los estados, va desde   penas perpetuas reales hasta   penas perpetuas con encarcelamiento forzoso de 20 a 35 años antes de poder conseguir libertad condicional y, por último -y este es el caso de España-  países en los que no  está contemplada la  pena de cadena perpetua pero, sin embargo, se puede llegar a imponer una pena máxima de hasta 40 años de prisión.


Lo esencial, a mi juicio, no  es  dar respuesta  al dilema  cadena perpetua sí, o cadena perpetua no, sino   arbitrar las medidas  para  que el ciudadano   tenga  no solo la sensación, sino la seguridad absoluta de que sus  derechos fundamentales (a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad física y a ser protegido por los poderes públicos ) van a encontrar siempre  una respuesta adecuada  por la administración de justicia  cuando   aquellos se vean vulnerados  por cualquiera que  vaya a  traspasar  la línea  marcada por la ley. Y esta sensación, tampoco  esa seguridad, veo yo que  la tengamos en España el común de los ciudadanos.