La medida ha sido tomada
por Interior en coordinación con el servicio de aduanas y la Fiscalía
de Medio Ambiente, que ya había incoado diligencias informativas tras
la denuncia interpuesta el pasado mes de julio por Verdemar-Ecologistas
en Acción.
La denuncia de los ecologistas iba contra el
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) y otros municipios por un delito de
"hurto agravado" y también por la presunta comisión de un delito de
falsedad en documento público, todo ello en relación con la venta a
Gibraltar de arena retirada de la duna de Valdevaqueros de la localidad
gaditana.
Al hacerse pública la denuncia de Verdemar-Ecologistas
en Acción, el Gobierno de la Roca emitió un comunicado en el que
aseguraba que había firmado un contrato con Van Orrd (Gibraltar) el 19
de abril de 2013 para el suministro y la colocación de 10.000 toneladas
de arena en la playa de Sandy Bay, por el que esta compañía "debía
suministrar arena de la zona de Valdevaqueros en Tarifa, donde, como
consecuencia de los fuertes vientos, la arena de las dunas se había
volado hasta las carreteras adyacentes, cortando el acceso al público
de forma efectiva".
Gibraltar señaló que las "autoridades
locales" se encargaron de quitar la arena y eliminarla, y que "en
ningún momento" el Gobierno del Peñón había tenido conocimiento de que
se hubiese retirado arena de la playa.
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