El abogado de la diputada 'popular' Carmen Rodríguez
Flores, la amiga de otro extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, se ha revuelto contra
Esperanza Aguirre por exigir que dé explicaciones sobre su patrimonio en el
Comité de Garantías del PP tras la información publicada por El Mundo. Su
letrado ha replicado que es la ex presidenta madrileña quién debe hacerlo por
el "espionaje" a su clienta y al ex tesorero del PP, así como de
algunas operaciones inmobiliarias de personas cercanas a ella en la Comunidad
de Madrid.
La diputada
Carmen Rodríguez Flores, que lleva más de 20 años dedicada
exclusivamente a la actividad pública, figura en la Seguridad Social como
'pensionista' y acumula un patrimonio global de 3,3 millones de euros. Un total
de 504.000 de estos 3,3 millones es dinero líquido, según el diario El Mundo, que informa de que el
constructor andaluz
José Luis Sánchez Domínguez (Sando), imputado en el 'caso
Bárcenas' por haber financiado irregularmente al PP con al menos 1,2 millones,
traspasó a la diputada del PP tres naves industriales en Málaga valoradas en
800.000 euros. Se desconoce por cuánto, ya que el Registro de la Propiedad
número 8 de Málaga ha borrado los detalles esenciales de la operación.
Rodríguez Flores, supuesta protegida de
Álvaro Lapuerta,
tesorero de la formación de centro derecha durante 18 años (de 1990 a 2008), ha
reaccionado por boca de su abogado,
Javier Iglesias Redondo, quien ha señalado
a Europa Press que "si la citan en el partido, ella comparecerá y
acreditará lo que tenga que acreditar".
El abogado ha arremetido contra
Esperanza Aguirre,
de la que ha asegurado que ella también tiene que dar una explicación del
"espionaje" que se realizó a Rodríguez Flores, así como de otras
operaciones inmobiliarias de personas muy cercanas a ella en la Comunidad de
Madrid. Aunque al ser preguntado a qué operaciones en concreto se refería, no
lo ha aclarado y ha respondido: "las que usted se imagina".
Un patrimonio con muchas lagunasEl letrado ha reconocido que su cliente es la
dueña de las naves, pero sostiene que las compró con el dinero procedente de la
venta de otro inmueble que había sido donado. Pero Javier Iglesias no ha
precisado las cantidades abonadas y ha justificado que la información del
Registro de la Propiedad no dé información al respecto alegando la protección
de datos.
El abogado dice que su clienta no pagó
"800.000 euros, desde luego". Según su versión, la compra de las
naves "no procede de ningún acto ilícito, ni es una donación, ni un
regalo" y añadió que se acreditará "el precio de las naves y el origen
del dinero", al tiempo que ha dejado clara su intención de querellarse
contra El Mundo.
Al ser preguntada por el retraso en la entrega de
la
declaración de bienes en el Parlamento, el abogado aseguró que su cliente
había presentado ya una primera declaración de bienes en el Ayuntamiento de
Madrid, de donde es concejala y es "dónde cobra, porque no cobra como
diputada". Añadió que también la presentó en su día en la Asamblea de
Madrid y que la presentada ahora en el Congreso se debe a que es la última que
ha accedido al escaño. Justo lo ha hecho días antes de que se publicara esta
información.