El juez Pablo Ruz interroga el jueves a
cuatro imputados y tres testigos relacionados con adjudicaciones
presuntamente irregulares de la Comunidad de Madrid a empresas de la
trama Gürtel y por las que el exconsejero madrileño de Deportes Alberto
López Viejo recibió "cuantiosos pagos" en comisiones.
Los cuatro imputados son
Juan Ignacio
Hernández Rodríguez, del grupo Elba;
Antonio Martín Sánchez, vinculado a
la entidad MQM, así como
Carmen Moreno Crespo y
Carmen García Moreno,
administradoras ambas de distintas sociedades pertenecientes al grupo
Rafael.
Todos ellos pertenecen a sociedades adjudicatarias de
contratos de la Comunidad de Madrid y, según el juez, podrían ser
cooperantes en los delitos que se investigan respecto al imputado
López
Viejo: prevaricación, cohecho, malversación, fraude y contra la Hacienda
Pública.
Como testigos han sido llamados a declarar la que fuera
jefa de secretaría de López Viejo,
Carmen García Expósito; una persona
que firmó una propuesta de adjudicación para el Parque Forestal del Sur y
el exdirector de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de
Madrid
Javier Peña.
En el auto en el que
Ruz acordó estas
citaciones, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que los
pagos que supuestamente hizo la trama Gürtel a López Viejo fueron por
"la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas
entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".
Según el juez, López Viejo tuvo "conocimiento" de las operaciones de la
red para "ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos a
sociedades de Francisco Correa (presunto líder de la trama), facilitar
el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre
distintas sociedades realmente vinculadas al mismo grupo".
Estas
adjudicaciones supuestamente irregulares se hacían no solo por parte de
mercantiles directamente relacionadas con Correa, sino también a través
de "otras" sociedades "con la connivencia de sus gestores -a cambio de
una comisión, bien fija bien variable, de entre el 5 y el 11,5 %- y con
conocimiento de
Alberto López Viejo".
Ruz dictó este auto
basándose en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia
Nacional, que reveló que la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y
2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores
(de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso
público.
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