El juez del caso Nóos, José Castro, ha pedido al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asuma la
investigación que afecta al ex presidente valenciano Francisco Camps y a la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de
delito contra ambos. Según medios jurídicos conocedores del caso, el juez
Castro ha dado así un paso más: ahora podría llamar a declarar al actual ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos del Ayuntamiento de Madrid a Urdangarín cuando él era alcalde de la capital.
En un auto emitido el miércoles, el magistrado que investiga
los negocios supuestamente fraudulentos de
Iñaki Urdangarín y de la
Infanta Cristina entiende que el ex presidente
valenciano
Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, han podido
tener una "decisiva e imputable intervención" en el desvío de fondos
del Instituto Nóos.
José Castro recuerda que no es competente para
encausarlos por su condición de aforados, pero sólo en lo referente a la actuación
de ambos políticos en relación a los casos Valencia Summit y al proyecto de
los Juegos Europeos "y cualesquiera otros que en conexión con aquellos pudieran
derivarse como acontecidos en el territorio de la competencia de dicho Tribunal
y en ellos se pudiera advertir alguna responsabilidad penal para personas
aforadas".
Castro propone que la narración de los hechos que
realizó cuando impuso la fianza a Iñaki Urdangarin y
Diego Torres sea
reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados valencianos,
y recuerda que en su resolución de enero de 2013 hacía referencia a
"indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar
una serie de hechos en apariencia delictiva".
El actual ministro de Justicia, también en el punto de
miraAhora bien,
como ya reveló Diariocrítico el pasado
19 de marzo, todo parece indicar que el particular vía crucis judicial del
Partido Popular, de sus dirigentes y del Gobierno de
Mariano Rajoy no ha hecho
más que comenzar: según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el juez del 'caso Nóos' estudia llamar a declarar al hoy
ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades
cuando era alcalde de Madrid.
La medida estaría siendo estudiada tanto por el
juez Castro como por el fiscal anticorrupción de Baleares,
Pedro Horrach, que
investigan el 'caso Nóos', dado que algunos datos que han aparecido en las
investigaciones salpican a la empresa de la candidatura olímpica de Madrid
2016: la entidad de promoción del evento abonó más de 140.000 euros al '
lobby'
de Urdangarin, según se supo el pasado 8 de febrero. Y, según fuentes
judiciales, hay más datos para llamar a declarar a Gallardón por este caso que
los que hay para imputar a Francisco Camps y Rita Barberá.
Como es conocido, en febrero pasado una comisión
judicial, encabezada por Castro y Horrach, profundizó en Madrid en
la posible malversación de caudales cometida desde la empresa pública Madrid
16. Esta entidad se creó para promocionar la candidatura olímpica que lanzó
Ruiz-Gallardón entre 2007 y 2009 y abonó más de 140.000 euros al
lobby que
encabezó Urdangarin desde el Instituto Nóos y sus fundaciones derivadas.
El juez Torres participó entonces en los
interrogatorios de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y ex directora de
Deportes del Ayuntamiento de Madrid,
Mercedes Coghen, imputada, junto a otros
dos ejecutivos. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS)
reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16
que pugnó por lograr la nominación olímpica.
La fundación FDCIS, sucesora de la fundación
Areté, fue montada por Urdangarin y su ex socio Torres, con la ayuda del
empresario
Joaquin Boixareu y el abogado
Ramon Bergós, y figura en la causa
como pantalla para ocultar el papel del duque en el entramado.
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