El titular de Justicia,
Ruiz-Gallardón, dijo ayer martes que "hay que pensar en los derechos de los ciudadanos imputados" durante la inauguración de un foro de debate convocado por la Asociación de la prensa de Madrid, en el que los periodistas rechazaron esa regulación por suponer, dijeron, una mordaza al derecho fundamental a la información.
Y es que la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento criminal podría llegar a permitir al fiscal a prohibir a la prensa que informe sobre un sumario. Podría incluso permitirle secuestrar una publicación para evitar tal hecho. Como ya adelantó en
Diariocrítico el mes de marzo, el borrador de Código Procesal
Penal, que una
comisión de expertos elaboró para cambiar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal de
1882, recoge tales limitaciones para los medios de comunicación que
supone una mordaza contra la prensa. Los 'expertos' parecen partir de
la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y,
por
tanto, imponen limitaciones al derecho a la información: no sólo cuando
hay
secreto de sumario, como hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y
el
fiscal. Es decir, que con ese Código, los casos Gürtel o Bárcenas no
podrían
ser conocidos por la sociedad como lo son ahora.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ya reaccionó a esta reforma ayer mismo y dijo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal limitaría así "el derecho a la información". En opinión de los periodistas presentes en el Foro APM, como Marisa Ciriza, vicepresidenta de la APM, "algunos artículos de la reforma limitan el derecho a la información".
Nemesio Rodríguez, vicesecretario de la APM, señaló que está en total desacuerdo con todos los artículos referidos a las cuestiones periodísticas. El informe de expertos regula, entre otras situaciones, la publicidad de las actuaciones judiciales y establece lo que los medios pueden o no difundir durante la fase de investigación, así como la potestad del tribunal para acordar el cese de la difusión de las informaciones. De aprobarse el texto, el fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales, o a cualquier tercero, abstenerse de revelar la información que se considere reservada. Además, el texto contempla que la difusión pública de la información reservada podría incurrir en responsabilidades penales.
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