Claves de la esperada Ley de Emprendedores que no cumple todas las expectativas

En palabras de la vicepresidenta, "la norma está dirigida a la mayoría del tejido empresarial, del que depende la creación y el mantenimiento del empleo", ha explicado Soraya Sáenz Santamaría, y ha remarcado que el 99% de las empresas en España tiene menos de 250 trabajadores y el 80% menos de nueve empleados.

Santamaría ha asegurado, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que este anteproyecto de ley es "muy importante", que forma parte del núcleo principal de las reformas del Gobierno y resulta "clave" para la reactivación económica y, por tanto, para la creación de empleo. La ley, según ha dicho, se llevará por trámite de urgencia para que todas las medidas fiscales estén en vigor en el próximo ejercicio fiscal.

La ley de emprendedores viene a dar respuesta a una reivindicación que las pymes vienen haciendo desde hace tiempo: la introducción del IVA con criterio de caja. Será a partir del 1 de enero de 2014 para aquellas con una facturación inferior a los dos millones de euros. Hacienda no les exigirá el pago de este impuesto hasta que cobren las facturas. Este extremo beneficiará, ha dicho Sáenz de Santamaría, a 1,3 millones de autónomos y a un millón de pymes. Habrá también una reducción del 10 por ciento en el tributo de Sociedades y se permitirá recuperar las inversiones en I+D cuando la empresa no pueda beneficiarse de las correspondientes deducciones.

El 'IVA de caja' es solo una opción. Acogerse a esta medida fiscal será voluntario, algo que ya han criticado asociaciones de autónomos y plataformas contra la morosidad que piden la universalidad del 'IVA de caja' ante la discriminación que puede suponer la posibilidad de acogerse también al sistema de devengo.

También se detalla la nueva deducción por inversión en beneficios para empresas pequeñas, la ampliación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo y diversos incentivos fiscales a los inversores informales en emprendimiento.

Para impulsar la financiación, el Gobierno eliminará cargas para incentivar la emisión de valores en el Mercado Alternativo de Renta Fija, flexibilizará la regulación de los acuerdos de refinanciación y mejorará el acceso a las cédulas y bonos de internacionalización.

Desde principios de 2008 han desaparecido más de 350.000 trabajadores y 200.000 empresas. Y muchas de ellas echaron el cierre, asfixiadas por los impagos y por la falta de liquidez, sin posibilidad de renegociar su deuda. Eso es lo que trata de resolver la ley a través del fomento de la segunda oportunidad, con un mecanismo extrajudicial de pagos e incluirá medidas para impulsar la internacionalización de los emprendedores, como la revisión de los instrumentos de fomento a la internacionalización y definición de una estrategia alineada con las necesidades de los emprendedores.

En el texto se crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Es uno de los puntos más polémicos de la norma y que a 24 horas de su presentación estaba en duda por los recelos que ha despertado entre las entidades financieras. El cambio se ha diseñado para que los autónomos que se den de alta como empresas de responsabilidad limitada puedan sacar el coche y la casa del patrimonio embargable desde que se constituyan en esa nueva figura.

El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha mostrado su temor ante la posibilidad de que la banca cierre aún más el grifo del crédito por la falta de garantías de cobro. Un problema que, a su juicio, se podría solventar si, tal y como han solicitado los registradores de la propiedad, se pongan en marcha una serie de garantías mobiliarias que sustituyan a las inmobiliarias que tradicionalmente se han utilizado para garantizar los créditos, como las casas o los vehículos. Para que los implicados no tengan que responder con todo su patrimonio. Quedarán liberadas de responsabilidad, por ejemplo, la vivienda privada con un límite de 300.000 euros. 

Otra mediada será la supresión de la exigencia de licencias de actividad económicas en locales de 500 hasta 1.000 metros cuadrados. Además se tramitarán de forma ágil los permisos de residencia para aquellas personas que vayana a hacer invesiones inmobliarias de más de 500.000 euros, entre otras. Reducirá las cargas administrativas, contables y de información estadística y facilitará el acceso a la contratación pública, elevando los umbrales para la exigencia de clasificación.

Para favorecer la llegada de inversión y talento a España, el Gobierno facilitará el permiso de residencia a los extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros, compras de deuda pública por más de 2 millones de euros o inversiones con impacto en la creación de empleo o aportación científica y tecnológica. En un primer borrador el mínimo se fijó en 160.000 euros.

También obtendrán el permiso de residencia quienes compren deuda pública por un importe de un millón de euros o quienes desarrollen proyectos catalogados como "de interés general" que generen empleo o una inversión con impacto socioeconómico relevante.

Emprende en 3

El proyecto 'Emprende en 3' es un sistema de tramitación telemática que permitirá realizar todos los trámites de constitución, cambio de titularidad y puesta en marcha de las empresas con los tres niveles administrativos. Esta iniciativa estaba incluida en el Plan Nacional de Reformas (PNR) que el Gbierno envió a Bruselas el mes pasado, en el capítulo relativo a la reforma de las Administraciones Públicas y cuyo informe se presentará antes del 30 de junio.

Claves de la Ley de Emprendedores

El IVA no se pagará mientras no se cobre la factura

A partir del 1 de enero de 2014 las pequeñas empresas no tendrán que pagar el IVA de las facturas hasta que no las cobren. Esta ventaja fiscal se aplicará a pymes y autónomos que no estén sujetos a módulos y con un volumen inferior a 2 millones de euros. Eso sí, esta medida tendrá algunas limitaciones: los empresarios deberán ingresar el IVA de cada año (como muy tarde el 31 de diciembre) aunque no hayan cobrado. Según el Gobierno, este nuevo sistema beneficiará a 1,3 millones de autónomos y a un 1 millón de pymes.

El Ejecutivo ha atendido una de las viejas reclamaciones de empresarios y autónomos e implantará el criterio de caja en el IVA; es decir, cuando la Ley entre en vigor, las pymes con una cifra de negocio inferior a dos millones de euros podrán decidir voluntariamente si aplican el criterio de devengo -el IVA se ingresa al emitir una factura- u optan por el nuevo criterio de caja, que permite pagar el impuesto al cobrar la factura

Ventajas fiscales para fomentar la reinversión

Las empresas con un negocio inferior a los 10 millones de euros, las compañías de nueva creación y aquellas empresas que formen parte de un grupo más grande de sociedades tendrán derecho a una deducción del 10% en el Impuesto de Sociedades de los beneficios reinvertidos. La inversión deberá realizarse en el plazo que comprende el inicio del año fiscal en el que se obtienen los beneficios y los dos años posteriores. Podrían beneficiarse de esta ventaja alrededor de 180.000 empresas.

Incentivos para socios de empresas de nueva creación

La nueva ley incluye ayudas para invertir en las nuevas empresas. Los contribuyentes podrán deducirse el 20% de la cuantía que suscriban mediante acciones en las pymes y las participaciones en empresas de nueva creación. La base máxima de deducción será de 20.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. El importe de la cifra de los fondos propios de la empresa no podrá ser superior a 200.000 euros en el inicio del período impositivo en el que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.

Cotizaciones más bajas para pluriempleados

También habrá cotizaciones más bajas para aquellos autónomos que apuesten por la pluriactividad. Los trabajadores que se den de alta en este régimen y estén pluriempleados usarán como base de cotización la resultante de aplicar el 50% a la base mínima de cotización establecida cada año en los Presupuestos del Estado. Se les aplicará el 50% de la base mínima durante los primeros 18 meses y el 75% durante los siguientes 18 meses.

Facilidades para acuerdos de refinanciación

También habrá modificaciones que afectan a la Ley Concursal, que regula el funcionamiento de la quiebra empresarial. Será más difícil que los acreedores de una empresa con problemas financieros impongan unilateralmente sus condiciones o tumben los hipotéticos acuerdos a los que puedan llegar las partes implicadas. Los pactos de refinanciación sólo necesitarán el consentimiento de las entidades financieras que reúnan, como máximo, el 67% de la deuda de la compañía, frente al 75% previsto actualmente.

Responsabilidad limitada ante las deudas

Los emprendedores no tendrán que responder ante las deudas con su vivienda habitual, siempre que su valor no supere los 300.000 euros.

Una segunda oportunidad para reflotar el negocio

También habrá modificaciones que afectan a la Ley Concursal, que regula el funcionamiento de la quiebra empresarial. Se va a establecer un nuevo mecanismo que va a buscar un acuerdo entre los acreedores para negociar un plan de pagos con moratorias de hasta 3 años.

Abaratamiento de los costes iniciales

Se crea la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, una figura jurídica cuyo objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una empresa. Se establecen límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios e impulsar que estas empresas crezcan. Se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá dotarse por un 20% del beneficio) y se prohíbe la distribución hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para sociedades limitadas. Se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 20% del patrimonio neto.

Menos burocracia y más agilidad

Y es que reducir y simplificar los trámites burocráticos es una de las prioridades del Ejecutivo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anticipó ayer la aprobación hoy del proyecto Emprende en 3, que permitirá poner en marcha una empresa de forma telemática, de una sola vez y con un formulario tipo sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la colaboración entre administraciones públicas (Estado, autonomías y entidades locales).

Nuevas vías de financiación

Para facilitar la solvencia crediticia de las pequeñas y medianas compañías, el Anteproyecto de Ley simplificará las cargas para que puedan emitir deuda en mercados de renta fija. Es decir, que se abrirá un mercado alternativo en el que las compañías de menor tamaño podrán invertir entre ellas sin necesidad de escriturar públicamente dichas emisiones. El nuevo mercado de renta fija se ha inspirado en el Mercado Alternativo Bursátil y requiere el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


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