Los funcionarios municipales, en pie de guerra: esperan un nuevo recortazo desde el Gobierno central

   Al mismo tiempo, CSI-F planteará esta cuestión mañana en la Comisión Asesora para la Reforma de las Administraciones Públicas, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con la idea de "pedir explicaciones al más alto nivel".

   Diariocrítico ya avanzó en el mes de julio de 2012 que el Gobierno de Mariano Rajoy ultimaba una medida-recortazo: además de mantener la retención de la paga de Navidad, les pretendía quitar a todos los funcionarios la productividad mensual que actualmente cobran. Como ya dijimos, la medida iba a afectar a todos los funcionarios, incluyendo a los municipales: no sólo policías y guardias civiles, sino también a maestros, médicos... en fin, a todos, lo que supondrá un gran ahorro a las arcas públicas y un deterioro inmenso en la nómina personal de cada uno.

   Los temores de CSI-F se han vuelto a disparar después de que desde el Ministerio de Hacienda se hiciera este lunes alusión a esta cuestión, aunque el gabinete que dirige Cristóbal Montoro sostiene que la Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local no incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales.

   En un comunicado, el Ministerio de Hacienda explicaba, en otras cuestiones, que la reforma "introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de coste estándar, como sucede en otros países europeos" y permitirá un ahorro cercano a los 8.000 millones de euros entre 2013 y 2015.

   Para CSI-F, los funcionarios necesitan que toda cuestión salarial se clarifique, ya que "los empleados públicos españoles ya han cubierto el cupo de recortes y su cuota de responsabilidad en la crisis".

   Dicho esto, el sindicato ha reiterado que "no aceptará la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y reclama firmes garantías sobre la estabilidad en el empleo".

   "Igualmente, exige garantías sobre la calidad y el carácter público de materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, estableciendo un catálogo de servicios que deben prestarse exclusivamente por el sector público", sentencia.


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