El Gobierno ha pospuesto dar luz verde este viernes al proyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) aludiendo a que
falta por cerrar aspectos de la memoria económica que acompaña a dicha
ley, impulsada desde el departamento del ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, según han informado fuentes
gubernamentales.
La conocida como 'ley Wert' ha levantado fuertes críticas desde
ámbitos de la comunidad educativa que, este jueves, se ha vuelto a
manifestar en las calles de las principales ciudades españolas como
cierre a una huelga convocada en la educación y que ha contado con el
apoyo de las principales organizaciones sindicales, así como
asociaciones de padres y alumnos.
Al no llevarse al Consejo de Ministros, el texto no se remitirá al
Congreso de los Diputados, iniciándose así la andadura parlamentaria de
la que se convertirá, previsiblemente, en la séptima norma de este tipo
en 37 años de democracia.
El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada "en otoño" a
fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la
adaptación curricular y la LOMCE pueda estar de facto en las aulas en el
curso 2014/2015, es decir, dos años después de su presentación.
La LOMCE salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de
septiembre. Desde entonces, el impulsor de la norma, el ministro José
Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación
(sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la
iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.
Este último órgano consultivo ha sido el promotor de las que
probablemente serán las últimas modificaciones que Wert realice en el
texto que viajará al Congreso, ya que recomendó buscar fórmulas
distintas a las previstas en la ley para garantizar tanto la educación
vehicular en castellano en Cataluña como la igualdad de los niños y
niñas que son escolarizados por separado y el Ministerio mostró su
disposición a atender la sugerencia.
El anteproyecto preveía sobre el primer asunto, que las
comunidades tengan que apoyar económicamente a los centros que oferten
educación en castellano y, sobre el segundo, garantizar por ley el
derecho a acceder a conciertos educativos de los centros de educación
diferenciada. "Se va a iniciar un proceso de reflexión para valorar si
se aplica ésta u otras medidas más oportunas", señaló la secretaria de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat
Gomendio, tras conocer el dictamen.
Otro aspecto sobre el que podrían introducirse cambios de cara al
Consejo de Ministros es en el diseño de la asignatura que se oferta como
alternativa a Religión, ya que a juicio del Consejo de Estado puede ser
discriminatorio tener que elegir una u otra, asunto sobre el que
Gomendio se mostró dispuesta a trabajar.
No obstante, el actual anteproyecto también contempla la
desaparición de la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía,
que el Consejo de Estado recomienda mantener, aunque no será escuchado
en este sentido, tal y como concretó la propia Gomendio, porque, según
dijo, se contempla una incorporación "transversal" del contenido de la
materia.
Con todo, ya en este curso se imparte una EpC distinta de la
prevista en la vigente Ley Orgánica de Educación pese a que el Tribunal
Supremo dijo en diciembre que no veía en ella carácter adoctrinador. Fue
modificada por Real Decreto antes de que comenzara el curso, eliminando
las referencias que incluía a los afectos y emociones, a las relaciones
entre hombres y mujeres, los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o
sexistas, a la pobreza en el mundo, a la 'feminización' de la misma o a
los nacionalismos excluyentes como problema actual, entre otros
asuntos.
Estas no son las únicas novedades de la LOMCE, una norma que si
bien fue planteada, en palabras de Wert, con "vocación de consenso",
cuenta con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. De
hecho, ha convocado una huelga en su contra el día antes de que el
Consejo de Ministros refrende el proyecto. Esta falta de acuerdo,
señalada también por el Consejo Escolar y el Consejo de Estado, viene
generando protestas, encierros y manifestaciones desde que se dio a
conocer el contenido de la que llaman "contrarreforma" educativa.
Los itinerarios y el peso de las asignaturasEntre las principales novedades del anteproyecto normativo se
encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de
Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria
para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los
exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título
y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida",
sustituirá a la actual Selectividad.
Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se
adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a
través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente
diferenciadas en 4º de la ESO.
Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de
Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas
mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo
propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen.
Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las
asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e Inglés-.
Ley de 400 millones de euros En cuanto a la memoria económica, si bien Wert dijo al presentar
el anteproyecto que tendría un coste "nulo" de implementación y para su
consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros, en enero de
este año concretó que el Estado asumiría costes directos por importe de
408 millones de euros --23 millones el primer año; 130, en el segundo; y
255, en el tercero--.
Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de
consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de
abandono escolar, de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el
Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios
suficientes la ley.
En este sentido, el anteproyecto de LOMCE prevé la creación de una
Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será
obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce
asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y
facilita el paso hacia la FP de grado superior.
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