Mazazo de exteriores a la investigación en
Argentina de los crímenes del franquismo, pero la Izquierda Plural, Amaiur, ERC
y BNG han solicitado una doble comparecencia del titular de Asuntos Exteriores,
José Manuel García-Margallo, en las Comisiones de Exteriores y de Justicia,
para que explique la "presión ejercida desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre la Embajada de Argentina para que se aplazara la declaración
de las tres víctimas de la dictadura franquista, dentro del proceso judicial
que se sigue en dicho país contra los responsables de la represión franquista".
Los portavoces de Exteriores de todas las
formaciones que firman esta iniciativa coinciden en valorar que "el ministro de
Exteriores de Mariano Rajoy tiene que dar cuenta en el Congreso de éste y de
otros obstáculos que los representantes de las víctimas nos han trasladados
directamente que están percibiendo por parte de las autoridades españolas con
el fin de retrasar y entorpecer la acción de la justicia argentina".
A su juicio, "da la impresión de que el Ejecutivo
del PP quiere 'exportar' a Argentina todas las dificultades e impedimentos con
las que se ha encontrado históricamente en el Estado español cualquier grupo,
asociación o colectivo que ha tratado de que el sistema judicial tomara cartas
en cualquier asunto importante directamente vinculado con el franquismo".
La solicitud de comparecencia de
José Manuel García-Margallo
se ha registrado esta misma mañana tras conocerse ayer que la jueza argentina
María Servini había suspendido la declaración por videoconferencia de víctimas
del franquismo desde el consulado de Argentina en Madrid. La argumentación para
ello fue que no se estaba aplicando el tratado bilateral de extradición y
asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina.
Previamente, fue el Gobierno español quien
solicitó la aplicación de dicho tratado para impedir la declaración y así se lo
reclamó a las autoridades argentinas. Según fuentes del Ministerio de Asuntos
Exteriores español, lo establecido en este texto del 3 de marzo del 87 prima
sobre cualquier decisión judicial que se pueda tomar en Argentina en relación a
cualquier causa.
Este tratado establece que las investigaciones judiciales
entre jueces de ambos países han de hacerse a través del mecanismo de la
comisión rogatoria (auxilio judicial internacional).
La jueza Servini instruye en Buenos Aires la causa
abierta en virtud del principio de justicia universal por la querella
presentada por los delitos de 'genocidio y/o lesa humanidad' cometidos durante
la Guerra Civil y la dictadura franquista. Abarca el periodo que va desde julio
de 1936, fecha del golpe de Estado militar, hasta el 15 de junio de 1977, fecha
de las primeras elecciones tras la dictadura.
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