Impuestos salvadores

Hay una verdad evidente en un hogar, en un pueblo, en una comunidad o en un estado, donde ustedes quieran, y es que no se puede gastar más de lo que se ingresa. España está sufriendo en todos estos estamentos el gravísimo error de haber gastado durante demasiados años mucho más de lo que se ingresaba. El crédito alemán parecía inagotable y con el boom inmobiliario todo eran excesos, desde la deuda al déficit. En estos momentos, la economía española continua casi paralizada y, aunque se atisban algunos detalles esperanzadores como una bajada del paro en el mes de abril y la prima de riesgo por debajo de 290 puntos básicos, está necesitada de oxigeno.

Ahora mismo, la pura realidad, ante la escasa actividad económica, es que los ingresos solo pueden llegar por los impuestos. A nadie le gusta tener que pagar más impuestos. Al revés, nos fastidia y mucho cuando los servicios no están a la altura de los sacrificios que nos exigen a los ciudadanos y, sobre todo, cuando te sientas a ver el telediario y todos los días te encuentras con una ristra interminable de casos de corrupción.

El problema del Gobierno de Mariano Rajoy esta más en el interior de su partido que en la oposición socialista o por el malestar de los ciudadanos. Que Esperanza Aguirre insista en bajar los impuestos y tenga una broca tremenda con el ministro de Hacienda, tiene una dosis de morbo porque Cristóbal Montoro le ha tenido que recordar a la ex presidenta de Madrid que ella formaba parte del gobierno de Aznar en 1996 que tardó tres años en bajar los impuestos porque antes era imposible, no había ni para pagar las pensiones y se tuvo que pedir un crédito. A pesar de todos los pesares, con el presidente extremeño bajando impuestos, hay que reclamar al Gobierno que sea capaz de crear algo de confianza entre los ciudadanos que permita una cierta recuperación del consumo con acciones favorables a la creación de empleo como son las medidas de apoyo a autónomos y pymes, entre ellas el nuevo plan de proveedores que permita cobrar las facturas y evitar la morosidad de las administraciones publicas.