CiU se adelanta al Gobierno: llevará al Congreso su propia Ley de Emprendedores

En esta propuesta, CiU define como emprendedor a toda persona física que lance o haya lanzado en los últimos 24 meses un proyecto empresarial a través de una empresa individual o de una entidad jurídica, con actividad económica pero "en ningún caso" dedicada a la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario -que tengan más de la mitad de su activo en valores o no afecto a actividades económicas, según lo declarado en el IRPF-.    También se considera emprendedor al titular de empresas de Economía Social domiciliadas en España y, a los efectos de poder beneficiarse de apoyo de inversores de proximidad, a las compañías con menos de cinco años de antigüedad.

Beneficios sociales

Todos ellos podrían así beneficiarse de una exención del 75% en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades por las rentas de los primeros cuatro años de actividad, siempre que no se superen los 200.000 euros, en cuyo caso "la exención se aplicará proporcionalmente al peso de las citadas cuantías respecto la facturación total de la empresa".
  
Por otra parte, los emprendedores también podrán capitalizar la totalidad del paro para iniciar una actividad o constituirse como autónomos, recibiendo el abono de una sola vez por el importe que corresponde a la inversión necesaria o para cubrir la parte del capital social inicial que corresponda, incluidas las cargas tributarias.

Inversores de proximidad

Con respecto a los inversores de proximidad -también llamados 'business angels' o 'Family, Friends and Fools'-, se definen como los inversores individuales que aportan, a título personal o a través de una sociedad unipersonal, capital hasta 200.000 euros, conocimientos técnicos y asesoramiento a una nueva iniciativa emprendedora durante su etapa inicial o a la expansión y desarrollo de una pyme con potencial de crecimiento con el objetivo de obtener una rentabilidad a medio plazo.
  
Estos inversores deberán estar adscritos a una red, cuya reglamentación deberá determinar los requisitos que se deben cumplir para ser reconocidos oficialmente 'red de inversores de proximidad'. Para ello será necesario crear un registro oficial y que los órganos de supervisión financiera de cada comunidad o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisen su funcionamiento.
  
Podrán deducirse del IRPF o Sociedades el 25% del capital aportado hasta un máximo de 200.000 euros anuales y de 200.000 euros de inversión en una misma empresa, "siempre que dicho capital se mantenga un mínimo de cuatro años" en la misma compañía. En caso de incumplir ese plazo, deberá devolver las deducciones con sus correspondientes intereses de demora, excepto si la desinversión es por liquidación.
  
Además, entre el cuarto y el octavo año tendrán derecho a una reducción del 50% por los dividendos e intereses, que tributarán como renta del ahorro al tipo de gravamen general. En caso de transmisión de las participaciones, las ganancias gozarán de una exención del 50% mientras que si son pérdidas, se podrán compensar en su totalidad, excluyendo las deducciones ya aplicadas, mediante una reducción de la base imponible del ahorro.
  
Si se financia un proyecto de un emprendedor social, la deducción aumentará en cinco puntos porcentuales en todos los supuestos. Eso sí, la base de las deducciones no podrá exceder del 25% de la base liquidable en ningún caso.
  
Para fomentar la contratación en estos nuevos proyectos, CiU propone que los beneficiarios de la prestación por desempleo contributiva puedan constituirse como trabajadores autónomos o socios de empresas de nueva creación capitalizando todo el paro.

Otras bonificaciones

En la proposición se incluyen otras bonificaciones como las de cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos emprendedores o por la contratación de trabajadores desempleados del 90% el primer año, 75% el segundo y 50% el tercero.
  
Asimismo, se reclama una simplificación administrativa para este colectivo, proponiendo que los emprendedores deban llevar únicamente de forma obligatoria el libro de registro de ventas e ingresos, el de compras y gastos, y el de bienes de inversión; aunque también deberán conservar justificantes y documentos acreditativos de todas estas operaciones durante el plazo de prescripción.
  
En la proposición de ley, CiU recoge asimismo la petición de que el Gobierno tenga que presentar anualmente en el Congreso un informe-evaluación sobre los resultados de la actividad de creación de empresas y financiación de inversores de proximidad y regular, en el plazo de un año, la figura del Emprendedor Social. Asimismo, en tres meses el Ejecutivo debería aprobar el 'visado emprendedor', destinado a "atraer talento empresarial e innovador del resto del mundo".

Apoyo a la financiación

Por último, los nacionalistas catalanes incluyen en su proposición de ley una serie de medidas para mejorar el acceso a la financiación a través de varios instrumentos con los que cuenta la Administración General del Estado.
  
Así, proponen elevar los préstamos participativos de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) hasta el 25% de su actividad, así como fijar una cantidad anual de dicha entidad y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder microcréditos a mujeres, jóvenes y discapacitados, con un tipo de interés subvencionado y una duración en ningún caso superior a los cinco años. Con respecto a la Empresa de Innovación se pide además que en el plazo de tres años se apruebe un plan para doblar su presupuesto y destinar anualmente "no menos de un 25% de su actividad" a financiar el emprendimiento.
  
También sugieren fomentar los programas de avales de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y las Sociedades de Garantía Recíproca, con el objetivo de otorgar una cobertura parcial de las previsiones y las que se deriven de los riesgos. Asimismo, se ampliará el capital de CERSA para permitir que las sociedades de garantía que cuenten con un sistema de refinanciamiento al 90% de los avales concedidos a emprendedores.
  
En cuanto a los Fondos de Titulación para pymes a emprendedores, CiU propone estimular su uso para lograr mayores facilidades en los préstamos y créditos de entidades financieras, con un plazo de amortización inicial no inferior a un año, concedidos a empresas no financieras domiciliadas en España y de los que, al menos el 60% sean concedidos a empresas de nueva creación y pymes con aval del Estado.
  
Asimismo, se prevé que las entidades que den estos créditos deban reinvertir al menos el 80% de la liquidez obtenida a nuevos préstamos en un plazo de, como máximo, dos años. "Al menos el 60% de la reinversión deberá realizarse en el primer año", apostillan los nacionalistas catalanes, que proponen al Gobierno fijar por ley que el 0,5% de los activos de las entidades de crédito se deban destinar obligatoriamente a financiar proyectos de emprendimiento.
  
El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reconocido que espera que el PP admita a trámite esta iniciativa, dado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en diversas ocasiones que presentará a finales de abril o principios de mayo una regulación para esta figura. "No tendría sentido que, una vez reconocida la necesidad de legislar sobre esta figura, el PP no apoyara esta propuesta, por lo que emplazo al partido de Gobierno a que sea coherente", añade el democristiano.


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