El secretario
provincial del PSOE, Manuel González Ramos, argumentó que esta reforma es
"el reflejo" de la forma de entender que tiene Cospedal la política
municipal y va en consonancia con los recortes y la privatización de servicios
que su Gobierno está efectuando en Castilla-La Mancha.
A este respecto,
Manuel González Ramos aseguró que "los ciudadanos no se merecen las
políticas que está aplicando Cospedal contra ellos, en contra del interés
general. Quiere privatizar nuestros montes públicos, como confirmaron en las
Cortes Regionales; su Gobierno ha autorizado extracciones de gas con esa
técnica tan agresiva como es el fracking, en zonas altamente sensibles que son
joyas medioambientales de la provincia, como son el Bonillo u Ossa de Montiel;
y han recurrido la sentencia que les quitó la razón sobre la supresión de las
urgencias en Molinicos".
"Pretenden quitar autonomía a los
ayuntamientos"
A juicio de
González Ramos, de la misma forma que Cospedal gobierna contra los ciudadanos
en Castilla-La Mancha, ahora su partido, "pretende reformar la Ley de
Bases de Régimen Local, en contra de los ayuntamientos y en contra de la
autonomía del gobierno municipal"
En este sentido, el
secretario provincial del PSOE en Albacete expresó su indignación, porque
"se ataca al gobierno municipal, pues para los ayuntamientos supondrá una
pérdida de competencias y de actividad en favor de las diputaciones, gobiernos
autonómicos y empresas privadas, que asumirán servicios que ahora prestan los
ayuntamientos".
González Ramos
precisó que la pretensión del PP es que los ayuntamientos dejen de prestar
servicios como los de teleasistencia, centros de día, bibliotecas o cualquier
competencia en el ámbito de la educación, "por lo que, en realidad, se
ataca a los ciudadanos, que reciben estos servicios, los ciudadanos de esta
provincia, de nuestra Región y de toda España", aseveró.
Asimismo, cuestionó
el argumento con el que desde el PP se justifica esta propuesta, pues
"vuelven, una vez más, a hablar de los sueldos de alcaldes y concejales
que, en su inmensa mayoría, no cobran, y se amparan en la coartada de la deuda
y del déficit, cuando los últimos datos del Banco de España lo dicen todo, la
deuda pública de Castilla-La Mancha es la segunda más alta de toda
España".
De hecho, incidió
González Ramos, "durante el pasado año, nuestra Comunidad Autónoma es en
la que más se ha incrementado la deuda. La herencia ya queda lejos y los
ciudadanos ya están cansado de escuchar a Cospedal recurriendo a esta
excusa".
Por lo que, en
opinión del secretario general de los socialistas albaceteños, "son muchos
los datos que demuestran que, en realidad, lo que pretenden es otra cosa:
privatizar, derivar servicios y quitarle autonomía a los ayuntamientos, a los
alcaldes y alcaldesas, que son los más próximos a los ciudadanos".
Posible recurso de inconstitucionalidad
Por otra parte,
Gaspar Zarrías garantizó que "el PSOE planteará una enmienda a la
totalidad; además le entregaremos a Rajoy, en La Moncloa, todas las llaves de
los ayuntamientos socialistas, para que sepa cómo se gestiona en nuestros
municipios; y si esta propuesta sale de las Cortes como, presumiblemente, va a
entrar, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad en los plazos que
contempla la Ley, antes de que transcurran tres meses".
Zarrias también
informó que a través de la reforma de la Ley de Administración Local, "el
PP pretende sacar a concurso y subastar al mejor postor nuestros ayuntamientos,
acabando con un modelo exitoso que, en los últimos 30 años, en nuestros pueblos,
con el esfuerzo de mucha gente, ha hecho posible que se viva con dignidad.
Ahora, quieren hacer de nuestros pueblos ciudades de segunda, frente a los que
viven en lugares con mayor número de habitantes".
Gaspar Zarrías
subrayó que el "PP quiere acabar con los ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes. En este momento, hay más de 6.600 ayuntamientos en España y la
mitad dejaría de existir, por lo que tienen con una espada encima, ya que en el
PP solamente prima la rentabilidad económica y se olvida de la rentabilidad
social".
Por último, Zarrías
explicó que, en lo que respecta a los municipios con menos de 20.000
habitantes, se les quitarían las competencias, que asumirían las diputaciones
provinciales. Esta medida, concluyó, afectaría a 7.770 municipios de los 8.116
que hay en toda España, con lo que "se ataca a la columna vertebral de
nuestro país, acabando, en el medio rural, con las urgencias, las becas de
comedor y de transporte escolar, entre otras medidas, que suponen llevarse todo
aquello que da dignidad a las personas".