De ahí que, para evitar "costes" y que esos empleados públicos no tengan que ir a una reclamación administrativa, los socialistas proponen que el Ejecutivo autonómico resuelva este asunto actuando de oficio, tal y como va a hacer el Ministerio de Hacienda con los funcionarios del Estado en el mes de abril.
Molina ha indicado que hay comunidades autónomas como Madrid donde los tribunales se están pronunciando favorablemente a esa reclamación funcionarial, y "como es previsible que todos los tribunales se pronunciarán en la misma línea", han decidido solicitar al Ejecutivo que resuelva en este sentido para evitar que la Administración y los ciudadanos se vean obligados "a pleitear".
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