El Gobierno ha puesto en
valor la "estabilidad política" que el Rey aporta a España más allá
de los "avatares" que, como todo el mundo, el monarca haya podido
sufrir a lo largo de su vida. Así lo ha dicho la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, respondiendo a la pregunta
sobre la posición fijada por el Palacio de la Zarzuela sobre que Don Juan
Carlos "no tiene ninguna intención de abdicar" ni se trabaja en la
Casa del Rey en plan alguno de este tipo.
Sáenz de Santamaría ha
querido poner en valor la "estabilidad política" que a lo largo de
todos estos años "la Casa del Rey, y especialmente Su Majestad el Rey, ha
prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los
avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo
muy esforzada".
La vicepresidenta ha pedido
"reconocer" los esfuerzos desplegados por el Rey "en
beneficio" de la estabilidad del país a través del papel de "árbitro
y moderador de las instituciones" que ejerce, pero también su empeño en la
"búsqueda de consensos" y su trabajo para que a este país "le
vaya mejor". "Y en eso me consta que lo lleva a cabo con mucho
empeño", ha añadido.
Aunque
Zarzuela niegue que el Rey tenga intención de abdicar, a la portavoz del
Ejecutivo se le ha preguntado si no ha llegado el momento de preparar una Ley
de la Corona que desarrolle el título II de la Constitución, donde se prevé que
las abdicaciones y renuncias que puedan ocurrir en el orden de sucesión de la
Corona se resolverán con una ley orgánica.
Sáenz de Santamaría ha hecho un llamamiento
a que las propuestas que las fuerzas políticas presenten para sacar a España de
la crisis actual "contribuyan en la mejor medida a la estabilidad del país
y de sus instituciones" y ha recordado que en otras legislaturas tampoco
nunca se puso en marcha el desarrollo de esa ley.
Por otra parte, la vicepresidenta ha
reiterado que si la Casa del Rey no se va a ver afectada por la futura Ley de
Transparencia nuestro país estará actuando en línea con lo que estipula el
Convenio europeo en materia de transparencia de las administraciones, que no
señala a las Casas Reales como órganos que deban estar sometidos a este tipo de
leyes.