¿Cometió fraude el PP por los pagos a Bárcenas?

El de las relaciones laborales de Luis Bárcenas con el Partido Popular es uno de los grandes misterios de la humanidad, solamente comparable al de la Santísima Trinidad. El descontrol es tal, y las mentiras que se han dicho son tan grandes, que la verdad es que ya nadie es capaz de conocer con exactitud si es que Bárcenas ha llegado a trabajar en el algún momento en el partido de Mariano Rajoy.

Ante tal desaguisado, el Grupo Parlamentario Socialista no deja de aprovechar para meter el dedo en la llaga y su diputada por Jaén Concepción Gutiérrez del Castillo dirigió hace unas fechas la siguiente pregunta al Gobierno: "¿Ha dado instrucciones la Ministra de Empleo y de Seguridad Social a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que inicie actuaciones con el fin de comprobar si el abono de dichas cotizaciones sociales, una vez extinguida la relación laboral, pudieran ser constitutivas de infracción administrativa?".

La pregunta ha adquirido más relieve que nunca, dado que se ahora se conoce que no, que no dejó de ser 'indemnizado' en diciembre de 2012, sino que siguió 'trabajando' hasta enero de 2013.

La diputada socialista hacía referencia en su pregunta a que el 13 de febrero de 2013, el Partido Popular emite un comunicado para explicar las informaciones relativas a que Bárcenas habría seguido cobrando cantidades mensuales, que incluirían cotizaciones sociales, hasta finales de 2012, y ello a pesar de que la relación laboral habría quedado extinguida en 2010.

Según dicho comunicado, las cantidades abonadas mensualmente correspondían al pago diferido de la indemnización por despido improcedente. "Ahora bien", decía la diputada Concepción Gutiérrez, "puesto que las indemnizaciones no cotizan a la Seguridad Social, nos encontraríamos bien con la falsedad de la declaración sobre la extinción de la relación laboral, bien frente a infracciones muy graves de nuestro ordenamiento social cometidas por la empresa y el trabajador, en concreto de los artículos 23.1. C) y 26J de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, por falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, indebidas o superiores, o por simulación de la relación laboral".