El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha reiterado este
miércoles que el extesorero del PP Luis Bárcenas no se acogió a la
amnistía fiscal y ha recalcado que será un juez quien determine la
licitud o no de las rentas declaradas.
En un comunicado, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se
ha reafirmado en su declaración previa al señalar que Bárcenas "no ha
presentado la DTE", en referencia a la Declaración Tributaria Especial, y
ha criticado a quienes defienden que la amnistía fiscal suponga un
mecanismo para "legalizar las conductas ilícitas que hayan generado
recursos económicos".
En cualquier caso, el Ministerio ha incidido que acogerse a la
amnistía fiscal no supone "legalizar las conductas ilícitas que hayan
generado recursos económicos" de modo que "quien haya cometido un delito
de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales
delitos".
Hacienda ha hecho estas aclaraciones tras conocerse que la defensa
de Bárcenas ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, que instruye el 'caso Gürtel', en el que asegura que
regularizó 10.988.040 euros tras acogerse a la amnistía fiscal.
El Ministerio, por su parte, ha reafirmado la declaración
realizada por la Agencia Tributaria el pasado 17 de enero desmintiendo
que Bárcenas, al que la Audiencia Nacional localizó cuentas bancarias en
Suiza en las que llegó a tener 22 millones de euros, se hubiera acogido
a la amnistía fiscal.
En el escrito presentado este miércoles ante el juez Ruz, la
defensa del extesorero del PP explica que estos 10,9 millones de euros
corresponden "a fondos a nombre de (la sociedad) Tesedul no declarados
en su día y ahora regularizados". Esta cantidad, según su defensa,
correspondería a una declaración de impuestos que no habría prescrito.
El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha incidido además
en que la regularización del dinero a través de la amnistía fiscal es un
"procedimiento transparente, en el que se exige que se deje constancia
del titular real de los bienes y derechos" y ha recordado que la
Abogacía del Estado se ha personado en el procedimiento judicial en
representación de la Agencia Tributaria y colaborando en la
investigación.
Así, Hacienda ha hecho hincapié en que ninguna persona física que
tenga iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía
administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación
de la DTE "evita la continuación del proceso ni la posible condena por
la presentación de la citada declaración, ni personalmente ni a través
de una sociedad interpuesta".
El juez determinará su licitudEn este sentido, ha señalado que será la autoridad judicial quien
determine la licitud o no de las rentas declaradas y ha recordado que el
mismo juez puede apreciar que la regularización en el curso de un
proceso penal supone la confesión de haber cometido un delito contra la
Hacienda Pública.
"Lejos de finalizar el proceso judicial se activa la
investigación, que a la vista de la documentación, determinará el origen
de las rentas y acreditará si ha existido junto con el delito contra la
Hacienda Pública otro delito", ha apostillado a continuación.
En cualquier caso, Hacienda ha recalcado que la presentación de la
DTE es "plenamente compatible" con la Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales al permitir la determinación y castigo de estos delitos y "no
se puede aceptar" que suponga un mecanismo para "legalizar las
conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos".
"La normativa aprobada para la DTE no ha modificado en nada los
procedimientos aplicables, de modo que quien haya cometido un delito de
blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos",
ha concluido el Ministerio.
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