El certificado de defunción de la monja María Gómez Valbuena, conocida como 'Sor María', aún no se ha presentado ante los Juzgados de Instrucción número 50 y 47, cuyos titulares instruyen sendas investigaciones en las que estuvo vinculada la religiosa por su implicación en la trama de niños robados en hospitales madrileños.
Así lo ha indicado el abogado de
SOS Bebés Robados, quien ha
criticado que la representación procesal de la monja no haya presentado
aún este documento. Por ello, la posible imputación de más personas se
mantiene por ahora en
stand by.
No obstante, el juez
Adolfo Carretero tomará el próximo martes declaración a un testigo que estuvo con
Maria Luisa Torres
el día en la que nació su hija Pilar en la clínica Santa Cristina de
Madrid. Según el abogado
Guillermo Peña, este testigo es clave en la
instrucción, puesto que ratificará la versión de la afectada acerca de
que entonces no pudo denunciar a la monja por las amenazas a las que le
tenía sometida.
Con 88 años, la monja murió el pasado 22 de febrero sin dar respuesta a
las preguntas sobre el entramado en el que se vio implicada en los
últimos años de su vida. Pese a ello, SOS Bebés Robados seguirá
trabajando en el ámbito penal para depurar responsabilidades penales de
una trama que vincula a más personas, según la propia asociación. La
monja salió a la luz por el caso de Maria Luisa Torres, una de las
madres afectadas que encontró a su hija treinta años después gracias a
un programa de televisión. La mujer denunció ante la Fiscalía de Madrid
el robo de su niña en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de
Madrid. Además, contó que nunca buscó a la niña por miedo a la
religiosa.
Por esta causa, la religiosa acudió a los Juzgados el pasado 12 de abril
para declarar ante el juez Adolfo Carretero como imputada por un delito
de detención ilegal y falsedad en documento público bajo una gran
expectación. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar.
Manifestación de familiares
Un centenar de familiares de 'niños robados' se han manifestado este
domingo por Madrid en protesta por el "archivo" de sus casos ante los
tribunales y la "lentitud" en las investigaciones.
Antes de iniciar la marcha, que se inició ante la Fiscalía General del
Estado y culminó en Sol, representantes de asociaciones Anadir, ADN-D y
Aberoa, han leído un comunicado en el que han enviado un mensaje a las
autoridades de que no se van a "rendir". Así, han pedido la reapertura
de las investigaciones que han sido archivadas "por falta de pruebas",
tras la circular que emitió recientemente la Fiscalía General del Estado
en la que se calificaba estos delitos como detención ilegal.
En este
sentido, han pedido el apoyo al Gobierno para acelerar las
investigaciones sobre estos casos que, a su juicio, "va muy lenta" a
pesar de "la avanzada edad de los posibles responsables y de los propios
afectados, que, ven como transcurren los años y siguen sin poder
reencontrarse con los hijos que buscan".
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