El PSOE quiere que Ignacio González pague de su bolsillo el desaguisado del 'eurazo'

Es una novedad: el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha anunciado que los socialistas van a presentar una demanda de responsabilidad patrimonial contra Ignacio González, el heredero de Esperanza Aguirre en la Presidencia de Madrid, por la implantación en la Comunidad del euro por receta.

Consideran en el PSM que se trata de una tasa encaminada a desmantelar el sistema público que está ocasionando trastornos importantes a los madrileños. Alegan que al imponer el "recetazo", Ignacio González ha contraído gastos muy importantes que salen de las arcas públicas a sabiendas de que será declarado inconstitucional y le exigen que pare de inmediato esta medida y que pague de su bolsillo los gastos ocasionados.

Este anuncio lo realizó Tomás Gómez a las puertas del Registro de la Comunidad de Madrid, donde los socialistas han llevado más de 100.000 firmas recogidas en contra del copago farmacéutico, un cantidad que supone el doble de las necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en la Asamblea que el PP, con su 'rodillazo' [mayoría absoluta], ha impedido tramitar y formalizar.

Acciones judiciales contra González

La presentación de la demanda de responsabilidad patrimonial contra Ignacio González es una de las medidas que llevará a cabo el PSOE de Madrid, que va a desplegar una batería de iniciativas institucionales, judiciales y de todo tipo para frenar la privatización de la sanidad pública en la región.

También se van a estudiar acciones judiciales contra González por un presunto delito de prevaricación porque, "a sabiendas que el euro por receta es ilegal e injusta, la ha impuesto a los ciudadanos", dicen en el PSM, donde se avisa que "la sanidad será la tumba electoral del PP".

Denuncias ante el Constitucional

Esta demanda se suma al recurso de inconstitucionalidad que los senadores del PSOE llevarán el martes al Tribunal Constitucional, adelantándose al PP, que habiendo presentado recurso contra del euro por receta en Cataluña, aún no lo ha hecho en Madrid y ni siquiera ha pedido que retire la medida.

Paralelamente, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha registrado ante el Defensor del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad y la "paralización inmediata" de la implantación de la tasa del euro por receta aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Generalitat de Cataluña. Llamazares valoró que no estamos ante una medida disuasoria sino que "muy al contrario, es un proceso recaudatorio y expropiatorio, es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y respecto a los más enfermos, ya que serán éstos los que más paguen".

Llamazares afirma que el euro por receta -medida en vigor en Madrid desde el 2 de enero y en Cataluña, desde junio- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos.

El recurso de inconstitucionalidad propuesto a la Defensora del Pueblo -IU no puede interponerlo directamente ante el Tribunal Constitucional al no disponer de los 50 parlamentarios que marca la ley- incluye la exigencia de que "se paralice cuanto antes para que los gobiernos madrileño y catalán no sigan vulnerando las competencias estatales y la igualdad de los españoles en derechos fundamentales como el de la salud".

En la exposición que incluye el texto registrado se recuerda que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución.


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