El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado investigar, por
falta de competencia, la declaración ante la Policía del financiero
Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por
disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero del
expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Se inhibe en favor del
Juzgado número 43 de Madrid, que fue al que la Policía trasladó
inicialmente estos hechos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estima que en
aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no le cabe
asumir la competencia de este asunto y remite al Juzgado número 43 tanto
las declaraciones de De la Rosa como las efectuadas también ante la
UDEF por la expareja sentimental de Jordi Pujol hijo, María Victoria
Álvarez Martín, dada su "conexidad".
En lo que se refiere a la falta de competencia, el juez actúa en
los mismos términos que lo solicitado el pasado miércoles por la
Fiscalía, que alegó la falta de relación de los hechos denunciados con
los que aparecían expuestos en los escritos de querella y denuncia que
dieron origen a la incoación de otras diligencias ya archivadas por Ruz.
Estas diligencias, que cerraron con el archivo también por falta
de competencia, fueron una querella presentada por el abogado Joaquín
Yvancos y una denuncia del sindicato Manos Limpias contra el
expresidente de la Generalitat Jordi Pujol; su esposa, Marta Ferrusola; y
sus hijos Jordi y Oriol por presuntos delitos contra la Hacienda
Pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y
funcionarios y tráfico de influencias.
Además, Yvancos incluía en su querella al presidente de la
Generalitat, Artur Mas; su consejero de Interior, Felip Puig; y al
empresario Carlos Riva.
Ruz indica, en coincidencia con la Fiscalía, que las declaraciones
de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de
diciembre, son ampliatorias de las que ya dieron origen a unas
diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos
delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia Nacional no
es competente.
Declaración de ex noviaEl magistrado también se refiere a la petición realizada por la
Fiscalía Anticorrupción instando la declaración de la expareja de Jordi
Pujol hijo, que denunció en dependencias policiales la existencia de
viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran
cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como la
realización viajes a México para la gestión de casinos y construcción
de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esta última ciudad, según Álvarez, se mantuvo una reunión con
una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que,
según su exnovio, "les llevaba muchos negocios a su familia". Esta mujer
también relató ante la Policia que Jordi Pujol hijo realizó viajes a
Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
Sobre esta declaraciones, Ruz señala que no aparecen acompañadas
por informe alguno de la Unidad Policial Actuante, que es la UDEF, "que
tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos objeto
de la declaración prestada". Se destaca también que la propia Fiscalía
subrayaba que Victoria Álvarez expuso ante la Policía "presuntos malos
tratos físicos y psicológicos" cuya autoría atribuyó a su exnovio.
Datos insuficientes de la ex pareja En un auto dado a conocer este viernes, Ruz coincide con la
Fiscalía en que los datos aportados por la mujer "resultan
manifiestamente insuficientes e inconcretos par iniciar una mínima
investigación criminal", aunque rechaza tomarle declaración porque, en
todo caso, no se trataría de delitos competencia de la Audiencia
Nacional.
Los hechos no son de su competencia porque no se desprende que
sean constitutivos de una defraudación "que produzca o pueda producir
una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la
economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas
en el territorio de más de una Audiencia", concreta el auto.
De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la sede de la
Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) para denunciar que
estaba siendo objeto de amenazas y coacciones, y la Policía trasladó su
denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el
sistema de reparto recayó en el número 43.
El 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta
denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el
borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16
de noviembre por el El Mundo y su implicación en el caso Grand Tibidabo.
Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos
hijos dispone de un capital de 165 milllones de francos suizos (137
millones de euros) en la banca privada Lombard Odio de Ginebra (Suiza).
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