El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado
que el fondo social de viviendas destinadas a los desahuciados estará
dirigido a aquellas familias desalojadas con posterioridad al 1 de enero
de 2008.
En respuesta a una interpelación de la senadora de la Entesa
Iolanda Pineda, el titular de Economía ha dicho que el beneficiario del
fondo social deberá formalizar un contrato de arrendamiento, que exigirá
un pago mensual de entre 150 a 400 euros, con un límite máximo del 30%
de la renta familiar neta de la unidad y tendrá una duración inicial de
dos años, prorrogable por uno más, salvo que la familia desee cumplir
alguno de los criterios marcados.
De Guindos ha dicho que este fondo social está dirigido a aquellas
personas de "especial vulnerabilidad", al tiempo que ha adelantado que
este convenio entre bancos y administraciones públicas cuenta con el
respaldo de "la gran mayoría de las autoridades de crédito", que cederán
6.000 viviendas.
El ministro ha explicado que los inmuebles incorporados al parqué
de viviendas sociales deberán ser propiedad de las entidades de crédito,
no podrán haber sido transferidas al 'banco malo', tendrán un valor
inferior a 150.000 euros en el momento de la compra y estarán en
condiciones "adecuadas de habitabilidad".
Las entidades financieras que se adhieren al convenio deberán
informar a través de sus propios medios de los inmuebles a los que
pueden acceder los potenciales beneficiarios. Además deberán trasladar
información a las partes integradas en el contrato y a la comisión de
seguimiento y coordinación del mismo.
De otro lado, el ministro de Economía ha señalado que se pondrá en
marcha una comisión de seguimiento y valoración en cuanto al
cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los bancos que se reunirá
cada tres meses y que contará con la participación del Ministerio de
Economía, Sanidad, Fomento, Banco de España, de la Federación española
de municipios y provincias y de las entidades financieras adheridas.
La comisión será informada de las medidas, resultados e
incidencias que se den en los acuerdos previamente pactados en el
convenio, al tiempo que en los bancos estarán obligados a acreditar el
cumplimiento de lo señalado sobre el convenio del fondo social de
viviendas destinado a desahuciados después de enero de 2008.
En esta comisión tendrán también cabida organizaciones sociales no
gubernamentales así como entes de carácter local agregadas al convenio
que seleccionarán a las familias con derecho a adquirirse al fondo
social y facilitarán a estos un asesoramiento para solicitar la
vivienda. "No somos ajenos al clamor popular", ha sentenciado.
Para finalizar, el ministro de Economía ha dicho que el Gobierno
"está dispuesto" a tomar medidas adicionales dado que "hay que actuar"
ante este contexto. Sin embargo, ha puntualizado que el Ejecutivo "ha
tomado medidas".
De su lado, la senadora de la Entesa ha dicho que la
mercantilización de la vivienda "ha sido un gran fracaso porque pone en
peligro a personas y familias" por lo que ha considerado que se
requieren cambios legislativos en cuanto a los desahucios, que según ha
calificado es "una emergencia nacional".
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