El Ejecutivo argentino ha presentado este martes una nueva apelación
para poder aplicar cuanto antes la Ley de Medios después de que la Corte
Suprema rechazase el lunes el 'per saltum' presentado por el Gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner para revocar la medida cautelar que
prorroga la suspensión temporal del artículo 161 de la norma, que
determina el número de licencias que puede tener cada medio de
comunicación en el país sudamericano.
Tras dos reuniones consecutivas, los siete magistrados del alto
tribunal decidieron rechazar el 'per saltum' argumentando que es
"improcedente" porque "no ha sido interpuesto por un juez de primera
instancia". Además, la Corte Suprema rechazó también el recurso de
avocación presentado por el director de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella.
El Ejecutivo ha presentado este martes un recurso extraordinario
ante la Cámara Civil y Comercial Federal, la misma que la semana pasada
aceptó la demanda del Grupo Clarín para impedir que la Ley de Medios
entrase plenamente en funcionamiento hasta que no se dirimiera la
constitucionalidad de todos los artículos.
Según la agencia oficial Telam, la Cámara ya estudia la demanda
del Gobierno argentino para poder dirimir la cuestión en un mes, a pesar
de que el plazo para presentar una respuesta firme a este tipo de
demandas suele ser de dos meses.
El pasado viernes, la Cámara Civil y Comercial Federal decidió
prorrogar la medida cautelar, que implica la suspensión temporal de la
aplicación del 161 y otros artículos, "hasta que se dicte una sentencia
definitiva a fin de no alterar significativamente las circunstancias y
de asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo".
El tribunal de segunda instancia adoptó esta decisión, después de
que los siete magistrados de la Corte Suprema rechazaran por unanimidad
el pasado 28 de noviembre la solicitud formulada por el Grupo Clarín
para prorrogar la medida cautelar alegando una situación de
"indefensión".
La entrada en vigor de todo el articulado del texto legal
permitiría a las autoridades argentinas arrebatar al Grupo Clarín, uno
de sus más firmes opositores, varios medios de comunicación importantes
por no cumplir los requisitos para la concesión de licencias.
La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en
2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado
mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación
de algunos artículos.
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