El Gobierno y Cataluña, enfrentados por el tratamiento del catalán en la reforma educativa

La consejera catalana de Educación en funciones, Irene Rigau, ha abandonado la conferencia sectorial presidida por Wert antes de que terminara por considerar "inadmisible" que el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) pretenda restringir la enseñanza en catalán.

Rigau ha explicado que su abandono de la reunión se debe a que no quiere que se entienda que Cataluña ha participado en la negociación de ese texto.

No obstante, Wert ha asegurado que no hay ningún elemento en el anteproyecto que minusvalore la importancia curricular del catalán y que es "rotundamente falso" un ataque a la escuela catalana.

"Ni se disminuye un ápice el uso del catalán -tal y como establecen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo- ni se entra en ningún elemento de minusvaloración y se establece paridad con la lengua castellana", según Wert.

El ministro ha considerado que las críticas de la consejera catalana pueden "obedecer a un designio político".

"Insisto -ha subrayado-, no estamos cambiando el modelo lingüístico" sino "introduciendo disposiciones" para que se cumplan sentencias, ha insistido.

Rigau, por su parte, ha denominado como "cheque lingüístico escolar" que las CCAA tengan que pagar, según el borrador, un centro privado que enseñe en castellano cuando no haya oferta docente pública y concertada para los alumnos que deseen ser escolarizados en español.

Esto "contradice totalmente el Estatuto de Cataluña y la Ley autonómica de Educación", ha asegurado Rigau.

Rigau, que ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba así, ha considerado "insuficiente" que el ministro propusiera en la reunión que se precise en la reforma que los alumnos también tendrán que examinarse de las lenguas autonómicas donde sean cooficiales en las evaluaciones para obtener los títulos de graduado en ESO y bachiller.

El ministro ha destacado que una mayoría de doce comunidades (gobernadas por el PP) valoran la Lomce y que este anteproyecto no quita importancia a las lenguas cooficiales por no colocarlas entre las asignaturas troncales, ya que a efectos de evaluación tendrán el mismo tratamiento que el castellano.

Las lenguas cooficiales, que se incluirán entre las de especialidad, no pueden ir en bloque de las troncales porque no son de aplicación en toda España y la definición de su currículum corresponde a las comunidades, ha explicado.

Entre las comunidades que se han opuesto al borrador de la reforma (Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía), la consejera andaluza, Mar Moreno, ha acusado a Wert de querer "entregar" la educación a "la escuela privada, al mercado y a la Iglesia católica". "Tiene un componente nostálgico enorme de otros tiempos afortunadamente superados por España y en toda Europa", ha enfatizado.

Sin embargo, las consejerías que gobierna el PP, como la de Madrid, han defendido que la reforma apuesta claramente por la evaluación, la búsqueda del esfuerzo, el mérito y la excelencia y han pedido que se incluya como principio la elección de centro por los padres.

El ministro ha explicado que se ha acordado con todas las comunidades convocar una cuarta y última reunión de la conferencia sectorial para tratar la reforma educativa, aunque ha rechazado que haya habido un defecto de forma en la convocatoria en cuanto a plazos de remisión de documentación para la reunión.

La consejera de Andalucía ha indicado que varias comunidades han apelado a "acciones jurídicas" si el Ministerio no volvía a convocarlas porque esta reunión "de manera clarísima vulneraba el reglamento de la conferencia sectorial" al haber presentado cambios con tan poco tiempo, ha dicho a la prensa.

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