Jueces, fiscales, diputados, asociaciones... todos contra las tasas de Gallardón

El aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quería acallar a la oposición parlamentaria con una 'generosidad' increíble dada su propia personalidad: eximir de gastos judiciales a víctimas de terrorismo, violencia machista y discapacitados en la nueva legislación. Pero el ministro no ha engañado a nadie, ni siquiera a sí mismo. Así, el golpe de efecto que esperaba conseguir quien está valorado como el "peor ministro de Justicia de la democracia española", se ha diluido como un azucarillo en agua caliente.

En realidad, quienes han derretido la bola de nieve de Gallardón han sido las asociaciones de jueces y de fiscales, cuyos representantes se han reunido este miércoles en el Congreso con los Grupos Parlamentarios.

Tras la ronda de reuniones, el ponente socialista de la Ley de tasas judiciales, Antonio Camacho, ha asegurado que "si el ministro de Justicia tiene tan claro que no deben pagar tasas, de acuerdo con lo que ha dicho hoy, que no espere a un borrador de Justicia Gratuita, que no sabemos cuándo se va a aprobar, sino que lleve al Consejo de Ministros un decreto ley que deje sin efecto la Ley de tasas judiciales" y que permita que "las víctimas de violencia de género no tengan que pagar una tasa para separarse de sus agresores".

El ponente socialista ha recordado que "ayer mismo el Grupo Socialista presentó una iniciativa que fue rechazada por el PP y que trataba de garantizar que esas víctimas de violencia de género no pagaran esa tasa". Razón por la que ha calificado de "incomprensible" que personas que tienen que ser objeto de una especial protección, tengan que pagar una tasa por separarse de aquél que les está agrediendo.

Justicia de dos velocidades

Al término de la reunión con las asociaciones de jueces y fiscales, en la que han participado el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, el portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, y el propio ponente Antonio Camacho, éste ha puesto de manifiesto que "si algo ha caracterizado el encuentro es el absoluto concurso de todos los jueces y fiscales de este país en contra de una ley que establece una justicia de dos velocidades".

Además, ha indicado que se han analizado las reformas de la Justicia y del Poder Judicial que está adoptando el PP, en especial, la Ley de tasas y la reforma de la Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que "introducen un recorte importantísimo en el personal de la Administración de Justicia, en los jueces que prestan servicios a nuestros ciudadanos".

Por parte de las asociaciones de jueces y fiscales han estado presentes Javier Comyn (Unión Progresista de Fiscales), José Hidalgo (Asociación de Fiscales); Ángel Dolado (Foro Judicial Independiente); Joaquim Bosch Grau e Ignacio Martín Verona (Jueces para la Democracia), José Luis González Armengol (Asociación judicial Francisco de Vitoria), y Antonio Piña (Asociación Profesional de la Magistratura). Horas después, las asociaciones se reunían en la Comisión Interasociativa Permanente, donde amenazaron de forma conjunta con convocar una huelga en enero de 2013 si no se retiraba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el otro frente abierto en la 'guerra' de la Justicia. Las siete asociaciones incluso anunciaron su intención de dejar de considerar como "interlocutor válido" al ministro Gallardón, por lo que han solicitado una "reunión urgente" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "A Gallardón lo damos por muerto, no nos vale para hablar", ha llegado a señalar González Armengol.

Igualmente, Camacho ha señalado que todas las asociaciones de jueces y fiscales presentes nos han transmitido "su profunda preocupación" porque con la aprobación de la Ley Orgánica de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que se votará mañana en el Pleno, "cerca del 25% de los jueces que en este momento prestan un servicio a los ciudadanos, van a desaparecer y van a ser los jueces que queden los que tengan que hacer frente al mismo trabajo con esa reducción importante de personal".

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Socialista reitera su "rechazo absoluto" a esta Ley por tratarse de una norma "claramente inconstitucional" que "vulnera el derecho de tutela judicial efectiva", "impide y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia para la defensa de sus derechos", y trae como consecuencia que "sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia".

Llamazares: "Parche en la política de beneficencia"

Las asociaciones judiciales también ser reunieron con el portavoz de IU en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, quien tras la reunión valoró que "estamos ante un parche al que Gallardón se ha visto obligado ante la presión, pero que no resuelve el problema de fondo, de falta de igualdad de los ciudadanos ante la Justicia, que plantea la Ley de Tasas que ha aprobado el Gobierno".

Gaspar Llamazares reprochó a Gallardón que proponga "una Justicia, por una parte, de beneficencia, para los que no tienen rentas y, por otra, de mercado, para el resto de los ciudadanos. Todo lo contrario a un servicio que defienda la protección e igualdad de los ciudadanos ante la Justicia".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, indicó que "Gallardón parece creer que ha inventado la Justicia gratuita" y añadió que ésta se ha financiado desde hace años con los presupuestos públicos y no ha necesitado de las tasas judiciales que el Gobierno ha aprobado.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio Piña ha señalado que la justicia gratuita ya prevé muchas excepciones a los pagos de costes judiciales y desde la asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol manifestó que la propuesta del ministro es "algo, pero "también es insuficiente".

Consumidores y usuarios piden que se lleve al Constitucional

Por otro lado, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, ha solicitado al Defensor del Pueblo la presentación de un Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses, porque "afectan y vulneran Derechos Fundamentales constitucionalmente reconocidos".

Sauquillo cita expresamente la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el mandato a los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios a través de procedimientos eficaces.

Según CCU, la 'gallardonada' extiende el pago de las tasas judiciales a las personas físicas salvo que se les reconozca el derecho de asistencia jurídica gratuita, que según el Consejo se aplicaría con criterios muy restrictivos; se amplían también las tasas fijas y se mantiene el régimen de tasas variables, lo que puede hacer que los costes de pleitos que se refieran a participaciones preferentes, viviendas, ejecuciones hipotecas o indemnizaciones por errores médicos, que pueden llegar incluso hasta un máximo de 10.000 euros, sean inasumibles para los demandantes.


>> Lea el Documento de CCU dirigido a la Defensora del Pueblo