Gallardón defendió la constitucionalidad del aumento de las tasas y sus beneficios para la justicia, frente a las críticas de quienes "quieren mantener el antiguo régimen". Se trata, dijo, de una medida necesaria para agilizar y modernizar este servicio, y apuntó que permitirá que los jueces "resuelvan aquellos conflictos que de verdad tienen que ser resueltos", evitando su paralización. En declaraciones al diario 'ABC', el ministro aseguró que "nadie quedará desatendido ni se va a impedir que ningún ciudadano ejerza su derecho".
El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso,
Rafael Hernando, insistió en que la entrada en vigor de las nuevas tasas contribuirá a "desatascar" la Justicia. El presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, pidió una revisión de la cuantía de algunas tasas.
Mientras, ayer continuaban las críticas a la medida. El PSOE anunció ayer una ofensiva judicial, parlamentaria y ciudadana para obligar a "rectificar" las tasas. Los socialistas registraron 11 proposiciones no de ley para mitigar los efectos de la norma. En este sentido, el secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al Gobierno de querer cambiar "el Estado de Derecho por el Estado de la derecha".
El presidente del Consejo General de la Abogacía,
Carlos Carnicer, tildó la ley de "chapuza legal", mientras que el juez decano de los juzgados de Madrid,
José Luis González Armengol, dudó de su constitucionalidad. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, dijo que veía la norma "difícilmente explicable".
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