El coordinador regional de IU en Castilla-la Mancha, Daniel
Martínez, ha asegurado que el Gobierno de Rajoy pretende "eliminar la
posibilidad" de acceder a la Justicia a la mayoría de los ciudadanos que no
podrán hacer frente a unas tasas que tendrán una subida generalizada de entre
50 y 750 euros, de las que solo estarán exentas aquellas unidades familiares
con menos de 1100 euros de ingresos al mes.
"Grave indefensión"
Según Martínez, "hay que tener en cuenta, además, que aún sigue
pendiente de solución la amenaza de cierre de alrededor de 20 juzgados en
Castilla-La Mancha, la mayoría en zonas rurales, lo que unido a las tasas,
convertiría la tutela judicial efectiva en una quimera para la mayoría de la
gente en esta región, más bien estarán sometidos a una grave indefensión y a la
imposibilidad de denunciar o reclamar ante un juzgado".
"Gallardón está demostrando ser un auténtico desastre como
Ministro de Justicia ya que no solo ha dejado de invertir y mejorar las
condiciones del tercer poder básico de un Estado Democrático y de Derecho, como
es la Justicia, sino que además la dota de un afán recaudatorio propio del
Ministerio de Hacienda. Sin Justicia no hay igualdad, y sin igualdad no hay
libertad", ha aseverado finalmente.
Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha la reforma emprendida "impedirá que la mayoría de la gente pueda defenderse ante las injusticias y los
abusos de los poderosos".
Martínez cree que "es como extender a nivel general lo ocurre hoy con la
posición de bancos en las ejecuciones hipotecarias, afecta a todos los ámbitos
jurídicos, salvo al penal, y sólo tiene afán recaudatorio".
Pero además, considera que se trata de una reforma "claramente inconstitucional" ya que, explica, el propio Tribunal Constitucional, y los tribunales europeos, sólo ha
admitido las tasas cuando por su importe no impidan el acceso a la jurisdicción
por motivos económicos siendo este, precisamente, aseguran, el efecto que va a tener la
nueva ley de tasas judiciales.