No deja de sorprenderme que, ante el
anuncio de que el PP y el PSOE se vayan a poner de acuerdo para buscar una
solución a los desahucios, la noticia sea precisamente esa, que los dos
partidos políticos hayan decidido entenderse.
400.000 ejecuciones hipotecarias
en España después, la noticia es que dos partidos representantes de los
ciudadanos se van a sentar a hablar. Pues ya pueden correr porque la situación
se está volviendo insostenible para muchas familias, en las que ya no son sólo
padres e hijos, sino abuelos, tíos, nietos y hermanos los que se han juntado en
una misma vivienda y están a punto de echarles a la calle.
En Castilla-La
Mancha, se estima que el número de ejecuciones hipotecarias que resultarán a
final de año es de 4.800. La propuesta lanzada a principios de semana por la
presidenta regional, María Dolores de Cospedal, busca la alternativa a la
dación en pago, y consiste en poner los primeros de la lista a los desahuciados
para el acceso a los alquileres sociales y reduciéndoles un 20 por ciento el
precio de las viviendas de protección oficial.
Dudo mucho que esta medida pueda
solucionar el problema, pero al menos es un gesto que busca dar los pasos en la
buena dirección, y eso es de agradecer. Una medida que para muchos se queda
corta pero lo peor es el tiempo que queda hasta que se consumen esos 4.800
desahucios previstos hasta final de año, y es más bien poco. Los parados cada
vez son más, nada menos que 16.791 más en el mes de octubre, y las
posibilidades de pagar hipotecas son cada vez menores.
Si se van a sentar a
hablar háganlo ya, aquí o en Madrid, porque el drama que se cierne sobre muchas
familias es real. Y mientras se sientan, podrían decir a los bancos que esas
ejecuciones hipotecarias no van a solucionar sus problemas de liquidez, por lo
que pueden esperar.