La urgente reforma de la Administración

Treinta y seis juristas han escrito un apasionante libro sobre "La morosidad del sector público" que no es el primer problema de España, pero sí un síntoma de una enfermedad grave que pone en peligro cualquier atisbo de recuperación  económica. Que alguien como José Manuel Romay, presidente del Consejo de Estado, moderado, "popular" y con amplia experiencia como administrador público diga que "existe en España una miserable y empobrecida Administración pública, incapaz de pagar sus deudas y sus facturas" debería provocar un terremoto político. Aquí no se mueve ni una hoja. El Gobierno y la oposición siguen a su ritmo. Moncloa ha creado un grupo de trabajo para que dentro de ocho meses presente sus propuestas. Como si hubiera tiempo y no conociéramos el diagnóstico. Del libro y de la reciente historia se derivan algunas certezas:
 
1.- Se han cometido errores históricos por parte de todos -del PP, del PSOE y de todos los partidos con responsabilidad de gobierno- que han provocado un endeudamiento desaforado de las Administraciones públicas sin que hayan existido mecanismos de control. O que han sido ignorados conscientemente.

2.- La Administración pública española ha crecido descontroladamente, ha duplicado y triplicado los puestos de trabajo con una misma función y padece una clarísima falta de competitividad y eficiencia. Administraciones como la alemana -otra vez Alemania- con menos trabajadores funcionan mejor. No es culpa de los funcionarios sino del sistema y de los gestores políticos.

3.- Se ha roto el mito de que la Administración pública es solvente. Sólo lo es cuando tiene recursos. Antes tardaba en pagar, pero lo hacía. Ahora lleva ya años en quiebra. Y sigue gastando demasiado y mal.

4.- Se está financiando a coste cero a costa de sus proveedores. El Gobierno central ha tenido que inyectar liquidez por 35.000 millones para que afloraran millones de facturas que autonomías y ayuntamientos guardaban en los cajones, Pero, pocos meses después, se calcula que estos entes no sólo no han pagado todo lo que debían sino que ya adeudan otros cinco mil millones sólo a los autónomos. Este es un claro factor de distorsión social que pagan los empresarios, obligados a despedir a sus trabajadores o cerrar sus empresas por impagos y por la imposibilidad de obtener préstamos de los bancos.

5.- La pésima gestión de los administradores públicos y esa morosidad desbordada no ha llevado consigo ninguna responsabilidad social, política o penal, al contrario de lo que sucede cuando un ciudadano o una empresa incumplen sus obligaciones.

6.- Las Administraciones han multiplicado innecesariamente las leyes y la han incumplido sin reparos. Un ejemplo: cuando la ley les obliga a pagar en 40 días -y en 30 en 2013-, el tiempo medio para cobrar una factura es de 160 días y en algunos casos de más de un año.  

Hay mucho más que no cabe en esta columna. ¿Alguien duda de que sea urgente una reforma estructural de las Administraciones públicas hasta que no se parezcan en nada a la que sufrimos hoy los españoles y hasta que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos que prestan?