La formación de izquierdas propone además detectar y registrar todas las viviendas protegidas que han sido embargadas para que no pierdan tal carácter y corregir abusos o malas prácticas de las entidades financieras y crear de forma urgente unos servicios específicos de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación específicos para intervenir en los procesos de desahucios.
En este sentido, Martínez se ha referido a la propuesta de la Consejería de Fomento de destinar el 10 por ciento de las viviendas sociales de la Junta a familias desahuciadas, que ha considerado que "se queda en poco más que un gesto simbólico y una medida raquítica para salir del paso".
"Es muy duro pensar que miles de familias de nuestra región en grave riesgo de exclusión social van a perder su casa víctimas de los abusos bancarios y la única medida que vaya a tomar el gobierno de Cospedal es, una vez estén en la calle, ofrecerles unas 80 viviendas en régimen de alquiler", ha dicho.
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