Según el sindicato, afectaría en total en España a unos 700.000 empleados públicos, de ellos casi 7.000 en Castilla-La Mancha, y a los trabajadores de las empresas con más del 50% de capital público, otro grupo de unos 140.000 empleados en toda España, ha informado el sindicato en nota de prensa.
Según Campoy, el texto "endurece las condiciones del anterior borrador, ya que, mientras aquel hablaba de un 10% de reducción en el presupuesto, el publicado otorga a las Administraciones Públicas la posibilidad de realizar despidos cuando su presupuesto se vea reducido en un 5% respecto al año anterior o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
Carmen Campoy lamenta que, "siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades autónomas donde más vejaciones han sufrido los empleados públicos, donde más despidos se han producido de personal interino y donde la calidad de los servicios públicos sólo se mantiene gracias al esfuerzo de los trabajadores, la aplicación de este reglamento supone el final de los servicios públicos de la región".
Otro dato "relevante y que demuestra el ensañamiento del Gobierno con los empleados públicos" es el "impedimento de aplicar otras medidas menos dañinas, como los expedientes temporales, o de flexibilidad interna, como la reducción de jornada".
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