La
prestación por desempleo es un derecho del trabajador por haber cotizado para
este fin durante un tiempo determinado establecido legalmente. Es esta una
afirmación que parece de Perogrullo, pero que -ante el acoso y el descrédito
que algunos quieren derramar sobre los parados- es importante que la dejemos
clara desde el principio.
En
los últimos tiempos, dirigentes destacados como Mariano Rajoy, Fátima Báñez,
Cristóbal Montoro o la diputada del "¡Que se jodan!", Andrea Fabra, andan
lanzando mensajes en los que el parado parece una persona que vive muy bien con
su prestación y que, por ello, no se esfuerza por encontrar un trabajo. Dejando
a un lado la perversidad de ambas afirmaciones lo primero que habría que
recordar a quien así piensa es la frase con la que inicio este artículo, es
decir, que el trabajador ha cotizado para tener una prestación en caso de
desempleo, que se convierte así en un derecho de ese trabajador, no en una
dádiva del Estado.
Culpabilizar
al parado por no estar trabajando es una estrategia con una finalidad clara:
legitimar el recorte o la supresión de estas prestaciones. Estrategia y
objetivo último que son los ejes de una campaña global. Los representantes del
Gobierno de la Nación y de algunas Comunidades Autónomas llevan meses
desplegando la estrategia, y hace escasos días conocíamos la concreción de la
misma en los Presupuestos Generales del Estado, con una reducción del 6'3 %
para el pago de prestaciones por desempleo, precisamente cuando más parados hay.
Un recorte que es aún mayor en el caso de la contribución directa del Estado a
esta partida, que baja un 22'3 %. Además, los nuevos parados verán reducida su
prestación a partir del sexto mes, bajando del 60 al 50 % de la base reguladora.
La
deslegitimación del parado se concreta así en recortes, que duelen aún más en
el caso de quienes menos tienen, aquellos que acudían como último recurso al
subsidio por desempleo. En este caso, la partida del presupuesto destinado a
los subsidios se recortará nada más y nada menos que un 10 %.
Las
perversidades del discurso se siguen concretando en datos. Así, como el parado
no se esfuerza por buscar un trabajo, no merece la pena dedicar fondos a
políticas activas de empleo (planes de empleo, talleres de empleo, formación,
acompañamiento en la búsqueda de empleo...), partida que se recorta un 34 % en
los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un tijeretazo que es aún mayor
en comunidades como Castilla-La Mancha, donde estas acciones se han reducido
este año en un 58 %, demostrando que la señora De Cospedal sigue siendo la
punta de lanza de las políticas de recortes en el Partido Popular.
Algunos
podrán acusar al que escribe de demagogia si saco a escena una comparación que
sonrojaría a cualquiera, pero los datos son tercos. Los Presupuestos Generales
del Estado contemplan para 2013 algo más de 19.000 millones de euros al pago de
prestaciones contributivas para 1'3 millones de parados, y unos 7.600 millones
para el pago de subsidios a otros 1'3 millones de personas.
Es
decir, unos 26.600 millones de euros para llegar a lo largo de todo un año a
2'6 millones de personas.
Bankia
recibirá 23.465 millones de euros de ayudas públicas directas. Y el Gobierno
cifra en 60.000 millones de euros la cantidad que necesitará el conjunto del
sistema bancario español.
Santiago
García Aranda
Alcalde
de Villacañas y Secretario de Política Municipal del PSOE de Toledo
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